Una delegación de la Conaie llegó la mañana de este 24 de agosto del 2016 a la oficina de la ONU, ubicada en el centro norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Una delegación de la Conaie denunció ante la sede en Quito de la Organización de las Naciones Unidas el desalojo de la comunidad Nankits, ubicada en Morona Santiago, tras el ingreso de la fuerza de pública. Lo hicieron la mañana de este miércoles 24 de agosto del 2016, en la oficina del organismo internacional, ubicada en el centro norte de la urbe.
Según Jorge Herrera, presidente de la Conaie, esta denuncia se origina por el ingreso de la fuerza pública a esta comunidad en la que residían ocho familias. “Entendemos que la presencia de la fuerza pública es por la concesión de ese territorio a empresas mineras que realizarán esta actividad a cielo abierto”, señaló.
Tras la reunión con los representantes de la ONU, la cual duró cerca de una hora y media, Herrera comentó que, a partir de la denuncia, se abre la posibilidad de que los relatores de Naciones Unidas vengan al país para conocer la realidad de los pueblos indígenas de la Amazonía.
Para esto, la Conaie pidió que se elabore un informe para transmitirlo al seno de las Naciones Unidas con lo que se podría concretar la visitas de los relatores. Se anunció que el movimiento indígena y la ONU conformarán una comisión. Sin embargo, no se establecieron plazos para la presentación de dicho informe.
“El objetivo es que se conozca en otros países sobre la amenaza a los territorios y a la vida de estas comunidades”, dijo Herrera.
La Conaie espera que la ONU sirva de intermediario para pedirle al presidente, Rafael Correa, que se retire la fuerza pública de la comunidad Nankits.
La organización indígena anunció que las acciones que se tomarán sobre este tema se definirán en una reunión de la organización que se realizará el 3 y 4 de septiembre.