3 de septiembre de 2020 18:41

Comunidades indígenas y organismos sociales apelarán a la sentencia en el caso del derrame de petróleo en Sucumbíos y Orellana

Miembros de las comunidades indígenas kichwa afectadas por el derrame del 7 de abril, junto a otras nacionalidades y aliados, en una rueda de prensa tras la sentencia, en El Coca (Orellana). Foto Cortesía Ivan Castañeira/Agencia Tegantai

Miembros de las comunidades indígenas kichwa afectadas por el derrame del 7 de abril, junto a otras nacionalidades y aliados, en una rueda de prensa tras la sentencia, en El Coca (Orellana). Foto Cortesía Ivan Castañeira/Agencia Tegantai

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Andrea Medina

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Las comunidades indígenas y los organismos de derechos humanos que presentaron la demanda por el derrame de crudo en abril, y que afectó a poblados de Sucumbíos y Orellana, apelarán a la sentencia dictada por un juez el 1 de septiembre pasado.

Así lo anunciaron este jueves, 3 de septiembre del 2020, los voceros de algunos los organismos que pidieron la acción de protección contra el estado.

El pasado 1 de septiembre, un juez en Francisco de Orellana negó la demanda constitucional que fue presentada por organizaciones sociales y comunidades indígenas el 29 de abril. El pedido fue por afectaciones causadas a más de 120 000 habitantes por el derrame de petróleo que hubo hace cinco meses. El crudo llegó hasta los ríos Coca y Napo y a las poblaciones que viven cerca de sus orillas.

Pese a esta decisión, la empresa OCP Ecuador anunció que seguirá ejecutando los trabajos de reparación integral en las comunidades afectadas por el derrame.

Verónica Grefa y Claudia Tanguila, mientas dieron su testimonio como parte del Tribunal Ético Popular, durante la audiencia del 1 de septimbre.Foto Cortesía Ivan Castañeira/Agencia Tegantai

Verónica Grefa y Claudia Tanguila, mientas dieron su testimonio como parte del Tribunal Ético Popular, durante la audiencia del 1 de septimbre.Foto Cortesía Ivan Castañeira/Agencia Tegantai


Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) informó que continuarán con este proceso y pidió respeto a la nacionalidad Kichwa. “Hacemos un llamado a unirnos y mantener esta unidad para decir basta de saqueos y mantenernos en la pobreza”.

María Espinosa, del organismo Amazon Frontlines y parte del equipo jurídico que representa a las víctimas, indicó que la decisión del Juez omitió la vulneración “a la vida digna, agua, salud, alimentación, derechos de la naturaleza; omite, además, los derechos colectivos vulnerados”. Espinos sostuvo que seguirán agotando todas las instancias sobre este proceso.

El actor Leonardo Di Caprio publicó muestra de apoyo a comunidades indígenas

La decisión del Juez por este caso motivó al actor y activista Leonardo Di Caprio a mostrar su inconformidad ante esta decisión. Lo hizo ayer, miércoles 2 de septiembre del 2020, a través de su cuenta de Instagram.

“El juez desestimó el caso alegando que era un valor leal incorrecto, lo que niega que los derechos de las comunidades afectadas hayan sido violentados” escribió el actor en un mensaje que lo acompañó con una imagen de una mujer de la Amazonía y el título ‘La lucha por la justicia en la Amazonía continúa’, en inglés.

“Organizaciones indígenas y de derechos humanos denuncian la decisión del juez, que no protege los derechos de los pueblos indígenas sin acceso a agua potable y alimentos, y sin protección ante la inminente amenaza de otro desastroso derrame de petróleo”, agregó el actor y activista ambiental. Dijo además que los demandantes indígenas “aceptarán la decisión del juez e intensificarán su lucha para cerrar los principales oleoductos de Ecuador hasta que se haga justicia”.

En ocasiones anteriores, Di Caprio ya mostró otras muestras de apoyo a favor de las comunidades indígenas del país, en su lucha por la defensa de estos grupos vulnerables y las afectaciones ambientales.

En julio del 2019 publicó imágenes de mujeres waoranis cuando la Corte Constitucional no admitió la acción de protección extraordinaria presentada por el estado, en contra de la sentencia que impide la perforación petrolera en 180 000 hectáreas de territorios.

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