10 de enero de 2019 17:42

Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil afina las fechas de su plan de trabajo

Los interventores fueron nombrados el 15 de octubre de 2018, debido a problemas que se originaron por la inestabilidad en el rectorado de la U. de Guayaquil.

Los interventores fueron nombrados el 15 de octubre de 2018, debido a problemas que se originaron por la inestabilidad en el rectorado de la U. de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Elena Paucar
Redactora (I)

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En cuatro áreas se dividirá el plan de trabajo de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) para la Universidad de Guayaquil. Estas abarcarán: garantizar la educación y resolver los problemas que afecten a los estudiantes, tramitar el pago de pensiones a los jubilados, revisar la recategorización y revalorización de los docentes, e integrar, junto con la comunidad universitaria, una comisión para revisar la compra, adquisición de bienes y construcciones en el centro de estudios.

Así sintetizó el rector Roberto Passailaigue el arranque de los trabajos dentro del proceso de intervención, luego de que el Consejo de Educación Superior (CES) aprobará una prórroga de dos años para el acompañamiento a la U. de Guayaquil.

“Consideramos que en 24 meses podemos dejar saneados muchos problemas internos, administrativos, académicos y financieros, y sentar procesos de gestión”, aseguró Passailaigue. Esa será la base para, al término de la intervención, convocar a la elección de autoridades.

Ayer la presidenta del CES, Catalina Vélez, anunció la ampliación del plazo. Además indicó que los interventores deberán presentar un nuevo plan de trabajo e informes de los avances cada cuatro meses.

El presidente de la CIFI explicó que definirán las fechas en el plan presentado con anterioridad al CES, para evaluar los adelantos. En cuanto al presupuesto, reiteró que se ajustarán a los recursos que maneja la universidad.

Los interventores fueron nombrados el 15 de octubre de 2018, debido a problemas que se originaron por la inestabilidad en el rectorado de la U. de Guayaquil. Desde esa fecha, Passailaigue asegura que han dado varios pasos, como tramitar cerca de 6 000 títulos retenidos por problemas administrativos y la no renovación de 370 contratos ocasionales tras verificar que no eran necesarios.

“No es verdad que se va a cerrar la universidad, como muchos pretenden generar el caos. Lo que vamos a hacer es reforzar los trabajos”, dijo el presidente de la CIFI.

Entre las bases para esta prórroga de 24 meses están el diagnóstico que levantaron en tres meses de los interventores y el informe elaborado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).

Ambos reportes alertan irregularidades administrativas, académicas y financieras. La presidenta del CES nombró algunas de las anomalías, como el incumplimiento del principio de gratuidad, que fue una de las causales para la primera intervención en octubre de 2013.

Entre otras irregularidades constan el incumplimiento de 224 observaciones de la Contraloría General del Estado a la universidad desde el 2010, y de las recomendaciones del informe posintervención de julio de 2018, elaborado por el CES.

Los informes también hablan de asignaciones de becas de posgrado para docentes sin previos estudios de pertinencia, duplicidad de funciones académicas y administrativas, y pagos pendientes a los jubilados.

Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, recalcó el pasado miércoles que con la intervención se busca recuperar la estabilidad en la universidad y generar las condiciones para que funcione con calidad en un futuro inmediato.

“El informe de diagnóstico enumera una cantidad considerable de fallas, de errores, de procesos inconclusos que dan cuenta de una situación estructural grave en la Universidad de Guayaquil. El Caces concluyó que es necesario continuar la intervención”, aseguró.

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