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CNT empieza a buscar banca de inversión para su concesión

La central hidroeléctrica Sopladora está ubicada entre Azuay y Morona Santiago. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

La central hidroeléctrica Sopladora está ubicada entre Azuay y Morona Santiago. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Los clientes Andrés y Adrián Cunalata son asesorados por Carlos Garzón, de CNT. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), las hidroeléctricas Sopladora y Coca Codo Sinclair, el Banco del Pacífico, la Refinería de Esmeraldas, y 20 empresas distribuidoras eléctricas son los primeros activos que el Estado pretende concesionar.

Casi todas las operaciones, salvo con la Refinería del Esmeraldas, consisten en trasladar el manejo administrativo a un agente privado, por un tiempo máximo de hasta 30 años, reveló Santiago Cuesta, consejero de Gobierno, en un diálogo con EL COMERCIO.

El proceso más avanzado es de la CNT. Cuesta anunció que este 5 de julio del 2019 se lanzará la convocatoria pública para seleccionar a la banca de inversión que evaluará las condiciones de la telefónica, para posteriormente cotizarla y concesionarla.

Participarán alrededor de 23 entidades financieras reconocidas a escala mundial, como Goldman Sachs, JP Morgan, City Bank, Credit Suize, Rothschild y Guggenheim. Para inicios de agosto se conocerá a la firma seleccionada.

Cuesta explica que la CNT se encamina a una situación económica compleja debido a la cantidad de personal que posee frente a otras telefónicas, servicios con precios elevados y disminución de ingresos por telefonía fija.

“La proyección es que esta empresa empiece a perder plata en grandes cantidades en cuatro años”, aseveró.

La empresa confirmó que inició un proceso de análisis sobre la posibilidad de monetizar las inversiones del Estado. Para ello, precisó, prepara los términos de referencia para contratar una banca de inversión que determinará el mecanismo de “monetización del activo” (traspaso del manejo de un activo del Estado a una empresa privada).

El mecanismo propuesto deberá ser validado por el Ministerio de Telecomunicaciones y otros entes gubernamentales.

Los interesados en la administración de la firma podrían requerir de los balances actualizados y auditados, pero la firma solo cuenta con el examen correspondiente al 2015.

La firma indicó, sin embargo, que ha solicitado a la Contraloría la aprobación definitiva del borrador del balance del 2016 y remitió a este organismo la documentación para iniciar el proceso de contratación para la auditoría de sus estados financieros del 2016 y 2017. “Lastimosamente estos procesos, no se iniciaron en su momento, debido a la falta de información que debió remitirse a la Contraloría”, precisó.

Por ello, la CNT aclaró que la banca de inversión determinará “las necesidades específicas de la información a ser transmitida a los posibles oferentes”, previo al inicio del concurso público para la elección del operador privado.

El procedimiento con las centrales hidroeléctricas tiene como finalidad, además de obtener ingresos para el Estado por la delegación de la administración, disminuir las tarifas porque aumentará la generación eléctrica. “El Estado va a ser siempre el que fije las tarifas, ese poder no se lo va a quitar nunca. Lo que vamos a hacer es bajarlas”, afirmó Cuesta.

La central hidroeléctrica Sopladora está ubicada entre Azuay y Morona Santiago. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Por Sopladora el Gobierno espera recibir alrededor de USD 1 000 millones, informó en días pasados Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, y añadió que este mes se prevé contratar a una banca de inversión que oriente el proceso.

Sopladora entró en operación en el 2016, pero aún está pendiente la entrega formal al Gobierno. Según Ricardo Buitrón, consultor eléctrico, no hay un marco legal que sustente el proceso de monetización de esta central.

En Coca Codo Sinclair, en cambio, se debe definir la entidad pública que posee la propiedad del bien, debido a que aún no se ha concretado la entrega definitiva de la obra. La planta fue edificada por un valor total de USD 2 245 millones.

Otra novedad en el sector eléctrico será la unificación de 20 empresas distribuidoras, que luego serán administradas por un privado. Están la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Regional Centro Sur y otras.

En el ámbito petrolero el plan es conseguir USD 1 600 millones por el campo Sacha. El Ministerio de Energía informó en junio pasado que 28 firmas internacionales han mostrado su interés por invertir en esta área, a cargo de Petroamazonas.

El Ministerio también informó días atrás que hay siete interesados en la Refinería de Esmeraldas. Sin embargo, Cuesta tiene otra posición: “La Refinería (Esmeraldas) no se va, cierra (…) Viene un tercero a montar una refinería nueva, modular, eficiente”, sentenció el funcionario, quien justificó la decisión en las fallas técnicas de la planta y la baja calidad de los combustibles que produce.

El último activo de la lista expuesta por el Consejero es el Banco del Pacífico, el segundo más grande del país, que será subastado luego de que un banco de inversión lo evalúe.

Tame también está considerada dentro del plan del Régimen. La aerolínea estatal indicó que su futuro deberá ser resuelto por el Gobierno.

En contexto

El 16 de mayo, el presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 740, que dispuso la creación del Comité Coordinador de Gestión Delegada. También dio un plazo de 30 días para que los ministerios envíen al Comité un listado de los activos para monetizar.

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