7 de diciembre de 2018 00:00

CIDH receptó más datos sobre el triple crimen en frontera

La reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a las 15:52. Foto: Cortesía

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Redacción Seguridad

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) recibió ayer (jueves 6 de diciembre del 2018) en audiencia pública a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, asesinados por disidentes de las FARC en la frontera entre Ecuador y Colombia. En esta reunión, que comenzó a las 15:52, los parientes y su abogado hablaron primero ante los representantes del Estado ecuatoriano y luego ante los delegados de Colombia.

El abogado de los familiares, Juan Pablo Albán, dijo que no se previno este hecho criminal, pese a la violencia que existía en la zona de frontera. “Queda pendiente la exploración de varias líneas de investigación, particularmente aquellas que tienen que ver con la posible responsabilidad de agentes del Estado”.

Entonces Ricardo Rivas, hermano de Paúl, mencionó los chats que ‘Guacho’ intercambiaba con un mayor de la Policía. En esos mensajes, el disidente de las FARC amenazaba con secuestrar y asesinar civiles si no liberan a tres de sus hombres detenidos en Mataje.

Rivas pidió además que se explicase quién tomaba las decisiones en el Comité de Crisis, conformado luego del triple plagio. “Muchos de los funcionarios que estaban en el Comité hoy se encuentran gozando de privilegios de la diplomacia y de ascensos militares, como si un secuestro mal manejado y un asesinato ocurrido en sus funciones fuese un motivo para premiarlos”.

Rivas dijo que nueve meses después, la respuesta para esclarecer qué ocurrió con el equipo de prensa no llega, “pese al ofrecimiento público del presidente Lenín Moreno”.

La respuesta de Ecuador

Tras escuchar a los familiares vino la respuesta del procurador general Íñigo Salvador, en representación del Ecuador. Habló 12 minutos y expuso lo hecho por el Estado, “para responder al nivel de riesgo”.

Citó la creación y difusión de protocolos para coberturas periodísticas en zonas de fronteras y de riesgos, la publicación de boletines informativos, la emisión de acreditaciones a periodistas, la creación de un Mando Único para la coordinación entre Policía y FF.AA., la declaratoria del estado de excepción.

Además, aseguró que se ha dado apertura para que acceda a todos los documentos, “pese a que han están bajo reserva” en la Fiscalía.

En medio de su intervención mencionó dos veces que “el secuestro, cautiverio y asesinato de nuestros compatriotas se produjeron en territorio colombiano”. Los familiares reaccionaron y pidieron que se probara aquello.

De hecho, la madrugada del 27 de marzo el Gobierno difun­dió un comunicado donde señaló que el secuestro ocurrió en Mataje. En la mañana, el entonces ministro César Navas confirmó esta información.

El procurador Salvador alertó a la CIDH y dijo que espera el informe final de este caso sea “debidamente respaldado” en la documentación recabada por el ESE, que investiga el triple crimen. “Sobre la visita a Mataje, Ecuador reitera que está dispuesto a dar facilidades para su realización, siempre que el Estado colombiano garantice que se desarrollará sin riesgos de seguridades provenientes de su territorio; todo esto sin exceder el cronograma original del ESE”.

También pidió abstenerse de hacer un peritaje sobre la seguridad fronteriza, que “no estuvo” dentro de la planificación.

Casi al finalizar, el Procurador solicitó a la CIDH concluir el programa del ESE antes del 31 de diciembre o a más tardar en las primeras dos semanas de enero del 2019. Y pidió que con la entrega del informe final se levante y se archive la medida cautelar dictada en contra de Ecuador y Colombia.
Los familiares respondieron que no se archive, que aún hay temas que investigar, como la posible responsabilidad de quienes manejaron el secuestro de Javier, Paúl y Efraín.

Édison Lanza, parte del ESE, respondió al Procurador y dijo que hay apreciaciones imprecisas. “El peritaje del que hablamos estuvo planteado desde el primer momento y no tiene que ver con seguridad en la frontera, sino con la protección de periodistas en una zona de riesgo; el Estado ecuatoriano conocía que existía un grave riesgo en su momento para ejercer la actividad periodística. No es una cuestión que se enteraron ayer”.

También dijo que “la verdad va a surgir no de lo que sostenga una autoridad, sino del agotamiento de las líneas de investigación, de que se compruebe y se descarte que, por ejemplo, el secuestro no ocurrió en territorio bajo control ecuatoriano, lo cual lo desmienten las investigaciones de Colombia”.

También indicó que “no es cierto” que el ESE haya tenido acceso irrestricto a la documentación. “Pedimos copias de los documentos en reiteradas oportunidades y se nos dijo que hay una interpretación que hace el fiscal, de que no se pueda entregar ni siquiera en el marco de este mecanismo”.

Video tomado de la cuenta Twitter Comisión Interamericana de Derechos Humanos


La reunión con Colombia


Tras la cita con delegados de Ecuador llegaron representantes de Colombia. Los familiares dijeron que con el actual Gobierno no hay la misma apertura que había con el expresidente Juan Manuel Santos.

El martes, en su vista a Ecuador, el presidente Iván Duque dijo que el triple crimen no quedará en la impunidad.

Claudia Carrasquilla, de la Fiscalía colombiana, detalló el testimonio que un detenido entregó a la justicia. Según esa versión, el equipo de prensa fue secuestrado por dos miembros del Frente Óliver Sinisterra, quienes consultaron a alias ‘Guacho’ qué hacer con los tres. “Él les da la orden de trasladar a territorio colombiano, pasando por El Playón”.

Según la investigadora, posteriormente se ordenó la ejecución “en razón de una situación que se venía presentando con el gobierno ecuatoriano”.

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