23 de octubre de 2020 00:00

El caso Singue está en la fase final; Jorge Glas tiene 17 procesos penales

En la Corte Nacional, en Quito, se realiza la audiencia de juicio del caso Singue. Foto: Corte Nacional

En la Corte Nacional, en Quito, se realiza la audiencia de juicio del caso Singue. Foto: Corte Nacional

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

El expediente del caso Singue tiene 33 000 hojas. Allí constan las pruebas que la Fiscalía recopiló en contra de 15 procesados por presunto peculado, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.

Ahora, este expediente está en manos de un Tribunal de Juicio de la Corte Nacional, que decidirá si condena o no a los acusados. Ellos son señalados porque, en el 2012, participaron en la adjudicación de un campo petrolero que se halla ubicado en Sucumbíos.

A través de un peritaje, la Fiscalía detectó que la compañía que ganó el proceso no contaba con la experiencia necesaria en campos petroleros y debía ser descalificada.

“El equipo negociador inob­servó esta inconsistencia y prosiguió con el proceso de negociación”, indicó Wilson Toainga, el fiscal subrogante.

Las investigaciones también apuntan a que el delito se perpetró al establecer una tarifa de USD 33,50 por barril de petróleo producido, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas de ese campo de crudo. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de USD 28,4 millones. Pero una perita aseguró que el perjuicio podría aumentar, pues el contrato finaliza en el 2031.

Otra experticia que se recopiló durante la etapa de investigación señala que la tarifa fijada fue “antitécnica”. Según un perito, no se tomaron en cuenta estudios previos, que demostraban que podían explotarse 70 millones de barriles de petróleo. La indagación determinó que en la negociación se tomó en consideraron solo dos millones de barriles.

Fiscalía vinculó a Glas en este caso, pues era coordinador de Sectores Estratégicos y fue parte del Comité de Licitación Hidrocarburífera. Según las investigaciones, él nombró al equipo negociador que emitió un informe favorable para adjudicar el contrato de explotación del campo Singue.

Israel Montenegro, defensor de Jorge Glas, aseguró que su cliente “no tuvo poder de decisión sobre el informe que emitió el equipo negociador” y tampoco participó en la adjudicación del contrato, pues en el 2012 dejó la Coordinación de Sectores Estratégicos.

Este es el tercer juicio que enfrenta el exvicepresidente. En dos procesos anteriores ya recibió una sentencia ejecutoriada de seis años, por asociación ilícita, y otra de ocho años, por cohecho. Además, la Fiscalía tiene 16 investigaciones previas en su contra. Todas están relacionadas con tramas de corrupción. Se rastrean ocho tipos de delitos.

El abogado no presentó ninguna evidencia a favor de Glas, pues aseguró que las pruebas de la Fiscalía no demuestran la participación de su defendido en el delito investigado.

En cambio, los testigos y documentos que presentaron los defensores de los otros procesados muestran que la tarifa que realmente se pagó por cada barril fue de USD 27,80 y no de USD 33,50. “En lugar de haber un perjuicio para el Estado, hubo un beneficio”, indicó una funcionaria del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, que fue convocada como testigo en este juicio.

Ella asegura que el Estado se ha beneficiado del 128% de la renta por la explotación del campo Singue y que los ingresos son de USD 132 millones. Ahora este proceso judicial se encuentra en su recta final.

Únicamente resta que los magistrados Iván León, Lauro de la Cadena y José Layedra convoquen a una audiencia judicial, para escuchar los argumentos finales de Fiscalía y de los abogados de los imputados.

Hasta ayer, 22 de octubre, todavía no fijaban fecha y hora para que se desarrolle esta diligencia.

Luego, los jueces analizarán las pruebas presentadas en la etapa de juzgamiento y anunciarán si encuentran culpables o no del delito de peculado a los procesados. La pena que podrían enfrentar va de 10 a 13 años de cárcel. Eso lo establece el artículo 278 del Código Integral Penal (COIP).

En contexto

La investigación del caso Singue arrancó con un informe emitido por la Contraloría General, que tenía indicios de responsabilidad penal. La etapa de juicio empezó el pasado 12 de octubre, luego de haber sido suspendida por la emergencia sanitaria.

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