5 de julio de 2018 00:55

El caso Rafael Correa desató un impase diplomático

Desde la izquierda: Eduardo Jurado, Juan Sebastián Roldán, Paúl Granda y el canciller José Valencia

Desde la izquierda: Eduardo Jurado, Juan Sebastián Roldán, Paúl Granda y el canciller José Valencia. Foto: Julio Estrella/El Comercio

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Redacción Seguridad

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Las críticas emitidas por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, respecto de la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa originaron un ‘impasse’ diplomático con esos países.

Ayer, el canciller José Valencia presentó notas de protesta. “Lamentamos las aseveraciones de algunos mandatarios y el intento de desprestigio contra la institucionalidad de nuestro país”, señaló.

Valencia apareció en el Salón de Banquetes de la Presidencia de la República, junto al secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán; el secretario general, Eduardo Jurado; el titular de la Secom, Andrés Michelena, y el secretario de la Política, Paúl Granda. Ahí se conoció que los embajadores de esas naciones en Ecuador ya fueron convocados para que expliquen la postura de sus gobiernos.

Además, se llamará a consultas a Franklin Columba, representante de Ecuador en Bolivia, y se suspenderá el viaje de Fabián Solano, que había sido designado nuevo embajador de Ecuador en Venezuela.

Antes de que Valencia hiciera estos anuncios, Roldán leyó un comunicado y dijo lo siguiente: “Estamos haciendo lo correcto. La persecución política y la manipulación de la Justicia es cosa del pasado”.

A las 16:54, Moreno escribió un mensaje en Twitter: “He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente de Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador. A diferencia de los últimos años, hoy hay libertad, respeto y autonomía de la Justicia y todas las funciones del Estado.

Durante el día, el expresidente Correa, procesado por el secuestro de Fernando Balda, había dicho sentirse perseguido. Su defensa señaló que apelará la prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho.

Para conocer esa acción se integrará un Tribunal.

El penalista Marcelo Dueñas sostiene que ese Tribunal solo deberá analizar el sustento legal expuesto por la jueza Camacho, pero no cambiará la medida. El Código Penal (art. 542) dispone que si el procesado incumple la medida cautelar, el fiscal deberá solicitar al juez la prisión preventiva.

La magistrada además dispuso que se informe a la Interpol sobre la orden para localizar y capturar al expresidente, con fines de extradición.

Esa orden aún no se ha efectivizado. Para que eso ocurra, la jueza Camacho deberá emitir por escrito su resolución.

Según el diario argentino El Clarín, hasta ayer la Fiscalía Federal de Bélgica no había recibido ninguna orden de detención por parte de la Interpol. Jairo Lalaleo, miembro de la defensa de Balda, señaló que la alerta roja no se activa inmediatamente. El trámite podría tardar entre cinco y diez días.

Para Christophe Marchand, abogado de Correa en Bélgica, aún no hay “nada en vigor” que permita arrestar en este momento al exmandatario en el país en el que reside. Así lo dijo en una entrevista con la agencia EFE. Además, sostuvo que la apelación que presenten los abogados en Ecuador podría “parar un poco la demanda”.

El expresidente Correa publicó un video en Twitter la noche del martes. Allí calificó como “complot” al proceso que se sigue en su contra y anunció que “no van a lograr su extradición ni su prisión, porque eso jamás lo va a permitir un país (Bélgica) con un verdadero Estado de derecho”.

Ecuador no tiene acuerdos de extradición con Bélgica. Sin embargo, la Ley de Extradición prevé Tratados Internacionales para estas situaciones.
La defensa de Balda dijo que si Correa no enfrenta el proceso será un “prófugo de la Justicia”, que deberá esperar al menos nueve años para que la causa prescriba y pueda retornar.

La instrucción fiscal o fase de investigación pública de este caso terminará el 18 de julio. Luego, según lo determina el art. 600 del COIP, el fiscal deberá pedir a la jueza que fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Allí podría emitir un dictamen acusatorio en contra del expresidente o abstenerse de hacerlo. Solo si eso ocurre, se podría revocar la orden de prisión preventiva, caso contrario continuaría.

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