Dimitri Barreto P. Editor de Judicial
La estrategia de desacreditar al otro, para imponer una verdad, no es nueva. Pero en los últimos días, más bien meses, se ha tecnificado.
Del discurso brilloso de unos, para referirse a rivales políticos, o del burdo insulto, se ha ‘evolucionado’ al uso perverso de la información personal guardada en las bases de datos del Estado (récord policial, actividad societaria, cuentas, impuestos…).
El remitido de los 65 funcionarios de la Fiscalía, para dar su versión del accidente que segó la vida de Natalia Emme, antes de que la instrucción fiscal hubiera concluido, evidencia la misma estrategia.
“Un individuo de nacionalidad cubana, acompañado de otro sujeto colombiano, uno de los cuales registraría antecedentes penales, irresponsablemente empezó a instigar a los curiosos”, dice el remitido firmado por los funcionarios de la Fiscalía. Es decir, ¿se analizó el pasado de esos testigos? Así apoyan a Washington Pesántez, fiscal general, y a su esposa, Aliz Borja, quien iba en el jeep que arrolló a Natalia.
El manejo tendencioso de los registros públicos parece imponerse desde el poder. Lo aplica la Policía, cada vez que intenta explicar el hallazgo de cadáveres ajusticiados por sicarios. “El occiso registraba X detenciones”, no falta en el discurso del oficial. Pero ¿alguien indaga las muertes de esas personas? ¿Hay juicios?
La Fiscalía, con el remitido, tampoco depura el paso a la Justicia. Al desacreditar a los extranjeros, acusa y, así, se parcializa. Quizá se pruebe la inocencia de Aliz Borja. Pero, si ese espíritu de cuerpo se preserva, ¿quién va a creerlo? El adulo será su bumerán.