La asambleísta Betty Carrillo fue suspendida sin sueldo, durante 15 días, en la Asamblea Nacional, por insultar a su colega Ramiro Aguilar. Fotos: EL COMERCIO
La legisladora oficialista por Tungurahua, Betty Carrillo presentó este 21 de octubre del 2016 una impugnación a la sanción que le impuso el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por insultar al asambleísta Ramiro Aguilar. Acusa a esa instancia de no respetar el debido proceso.
El CAL dispuso una suspensión de 15 días sin sueldo para Carrillo. Esto por haber dicho “cretino… mamarracho” a Aguilar, durante la sesión del Pleno del jueves 13 de octubre, durante del debate a las reformas del Issfa y del Isspol.
Aguilar solicitó una suspensión de 30 días, pena máxima establecida en la Ley para estos casos. Pero, el CAL decidió bajarla a 15 días tomando como atenuante la disculpa pública que dio Carrillo en el Pleno.
Pero Betty Carrillo no está conforme. Aseguró que su impugnación no es a la sanción, ya que cree que esa no es su potestad. Pero que sí busca que se respeten sus derechos ciudadanos del debido proceso.
Tras conocer su sanción por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) considera que es ilegal porque no se cumplió con el proceso establecido en la Constitución.
“Nunca se me dio el derecho a la réplica, nunca pude presentar las pruebas que determinen cuáles fueron las motivaciones para que Betty Carrillo pueda haber dicho dos palabras que para el asambleísta (Ramiro) Aguilar fueron ofensivas”, dijo.
Añadió que ella no fue notificada del pedido de sanción de Aguilar, sino que se enteró por los medios de comunicación. Y tampoco fue notificada de la sanción antes de que esta se haga pública. Se enteró por las cuentas de Twitter de las asambleístas Marcela Aguiñaga y Verónica Arias, integrantes del CAL.
La sanción corre desde el pasado 18 de octubre, día en el que se notificó la sanción a Carrillo. Su objetivo ahora es que se reconozcan sus derechos y que sea el CAL, siguiendo el debido proceso, el que establezca si la sanción es correcta. “No se trata de que sea poco o mucho, sino que se sepa que no hubo posibilidad de una legítima defensa”, aseguró.
Verónica Arias, asambleísta por el ARE, dijo a este Diario que la impugnación será tratada en la próxima reunión del CAL, para la cual todavía no existe una convocatoria. Recordó que en el último anteceden similar, cuando se sancionó con 30 días a Magali Orellana (Pachakutik) también hubo una impugnación pero esta no pasó.
Además, recordó que Orellana tampoco fue llamada a comparecer cuando fue sancionada por un incidente con Gabriela Rivadeneira. Dice que en estos casos, el CAL basa su análisis en el acta de la sesión, en la grabación y en el pedido de sanción.