Bernardita Escobar es parte de la comisión de evaluación a las empresas públicas. Foto: Cortesía Ministerio de Finanzas
Entrevista Bernardita Escobar, parte de la comisión de evaluación a las empresas públicas.
El Gobierno anunció en el 2018 un plan para optimizar las empresas públicas con apoyo del BID. ¿Cómo avanza el tema?
Hemos tenido dos reuniones que se dieron durante el segundo semestre del 2018. Tuvimos diálogos con los representantes de las entidades para entender la estructura de estas compañías y cómo se relacionan con el Estado. Se comparó su mecanismo de funcionamiento con los estándares de gobierno corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos tienen siete lineamientos.
¿Cuántos lineamientos cumplen las empresas?
En esa primera reunión hubo algunas dimensiones que no evaluamos porque no tuvimos oportunidad de analizarlas todas, pero siempre hay aspectos en los que uno puede encontrar brechas. En el caso de Ecuador, hay una brecha muy importante en el momento de separar las funciones y los roles que cumple el Estado cuando es propietario de una empresa. Lo que pide la OCDE es que el Estado ejerza su rol de propietario de manera separada de los otros roles que le tocan cumplir como Estado, por ejemplo, en lo regulatorio o de financiamiento.
¿Qué problema detectaron en este aspecto?
El estándar dice que las empresas deben ser autónomas. Pero ese objetivo no se logra cuando los directorios de las empresas públicas están compuestos por ministros de Estado. Esa es una práctica habitual en Latinoamérica, pero prohibida en la OCDE. En Ecuador existe ese problema, ya que por ley los directorios están compuestos por ministros. Eso conlleva ineficacia porque estos funcionarios tienen muchas responsabilidades y relegan la función de directores a un segundo plano. En el análisis de Ecuador observamos que los directorios siempre tenían reuniones urgentes. Una firma no puede funcionar apagando incendios, debe tener directorios regulares y estables.
¿En qué otro aspecto debe mejorar Ecuador?
Un tema clave es tener estados financieros oportunos. Cuando las empresas públicas tienen una forma de presentar la información que no es igual al estándar internacional o los mecanismos de revisar los estados financieros retrasan su publicación, se produce una falta de transparencia. En Ecuador se han puesto más al día; pero cuando hicimos el análisis, la mayoría no disponía de estados financieros auditados y aprobados por la Contraloría. Eso es una barrera institucional importante.
El Gobierno reconoció que hay estatales no eficientes por su baja rentabilidad o pérdidas. ¿Estos parámetros son los únicos que deben considerarse para decidir qué empresas mantiene el Estado?
Es una de las dimensiones a tomar en cuenta, pero no la única. En Ecuador y otros países hay empresas que pueden cumplir una función pública y no son rentables. En esos casos, lo que dice la OCDE es que la empresa pública no debe financiar esa parte del negocio con recursos de su patrimonio. Cuando se hace eso, lo que ocurre es que las empresas dilapidan su capital y patrimonio. En estos casos, se debe financiar a través de una subvención que esté claramente identificada y discutida en la ley de presupuesto u otros mecanismos que sean claros y transparentes.
¿En qué sectores de la economía debe participar el Estado con una empresa pública y en cuáles no?
No hay una línea de consenso internacional. Hay prácticas distintas y los países son soberanos para decidir.
¿Qué deberían tener en cuenta los Estados para tomar una decisión?
Deben generar una política para definir en dónde quieren intervenir y tener claro cuál es el motivo por el cual quieren tener una empresa en ese sector. No basta querer mantener una estatal porque se la fundó hace 50 años, por ejemplo. Debo estar seguro que la debo mantener porque hay un motivo y si hay una función de política pública que quiero cumplir. Si la mejor manera de llevar adelante esa política es través de una compañía, está bien. Pero, a veces, no necesariamente se requiere una empresa, sino subvenciones.
¿Qué viene después de las dos reuniones mantenidas el año pasado? ¿Qué pasos debe dar el país?
Analizar o mirar qué aspectos de la normativa pueden servir para reducir las brechas de las que hablábamos, se tiene que hacer un análisis de reducción de brecha.
¿El BID ya tiene listo el informe sobre Ecuador y qué recomendaciones derivan de ese estudio?
La primera versión del informe ya existe. Sobre las recomendaciones, todo lo que ya hemos mencionado. Las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas incluyen cambios para que la junta de accionistas no sea la encargada de elegir auditores externos, para que los ministros no estén en los directorios.
¿Hay recomendaciones específicas para cada una de las empresas?
No es un análisis de empresa por empresa. Todas estas son normas transversales que regulan la forma de funcionamiento de las empresas públicas. Todas las empresas en Ecuador están regidas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y es respecto de ese marco institucional donde se puede detectar que hay una fuente de discrepancia con los mejores estándares.
Hoja de Vida
Quién es. PhD en Economía por la Universidad de Cambridge y docente de la Universidad de Talca, en Chile.
Experiencia. Es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue presidenta del Consejo Sistema de Empresas Públicas de Chile.