17 de noviembre de 2020 00:00

La Asamblea no sintoniza con tiempos del FMI

César Litardo, presidente de la Asamblea. Henry Cucalón, asambleísta. Pablo Encalada, abogado penalista. Fotos: archivo / EL COMERCIO

César Litardo, presidente de la Asamblea. Henry Cucalón, asambleísta. Pablo Encalada, abogado penalista. Fotos: archivo / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
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El 15 de diciembre está previsto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realice la primera revisión de metas que debe cumplir el Gobierno en el acuerdo económico alcanzado con el multilateral, para recibir USD 2 000 millones.

Esos recursos son claves, pues el Fisco debe pagar el decimotercer sueldo al sector público, atrasos a proveedores, deudas con vencimiento trimestral y semestral y otros.

Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, dijo que el Gobierno ya ha cumplido las metas cuantitativas. El programa establece metas de reservas internacionales y déficit en el presupuesto, entre otras.

Pero no está claro si se podrá alcanzar la meta cualitativa, que establece la promulgación de una ley anticorrupción. El Ministro cree que este objetivo “avanza a buen ritmo”.

Hasta diciembre, el Gobierno debe promulgar la legislación anticorrupción “que incluya medidas para asegurar que los actos de corrupción sean tipificados como delito, de conformidad con los artículos 15 al 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, dice el acuerdo con el organismo multilateral.

Estos artículos de la Convención abordan la penalización de tráfico de influencias, soborno, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Para ello, el Ejecutivo envió el 5 de marzo a la Asamblea el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia Anticorrupción, que abarca los cambios planteados en el acuerdo con el multilateral, explicó la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez.

El proyecto plantea reformas al delito de tráfico de influencias; por ejemplo, se incorporan los conceptos de “beneficio económico” y “personas con representación popular” como agravantes, cuando se cometan esos hechos.

Además, se agregan en el Código Orgánico Integral Penal al soborno en el sector privado y se propone que los delitos de corrupción no sean susceptibles de sustitución de prisión preventiva, entre ­otros cambios.

Pablo Encalada, abogado penalista, explica que la legislación actual está en línea con lo que disponen las convenciones internacionales, pero acota que hacen falta sanciones en delitos de corrupción en el sector privado.

“No tenemos todavía legislación relacionada con soborno privado pero hay otros delitos, como el lavado de activos, enriquecimiento privado injustificado... en los que sí se sanciona al particular”, detalló.

El documento está en la Comisión de Justicia, presidida por José Serrano, pero la mesa legislativa aún no elabora un informe para primer debate.

Y el tiempo parece corto para que el proyecto se promulgue como ley en el Registro Oficial, porque el 15 de diciembre la Asamblea irá a vacancia.
En esa fecha, además, el Directorio del FMI tratará el desem­bolso a Ecuador.

El Legislativo tiene en trámite al menos siete iniciativas que abordan temas anticorrupción. En la Comisión de Justicia se han tratado de unificar, pulir y mejorar varias iniciativas, dijo Henry Cucalón, miembro de esa mesa.

El asambleísta cree que el Legislativo no puede trabajar bajo la presión de “plazos límite”, dentro de un programa que firmó el Ejecutivo con el Fondo Monetario. Y añadió que espera que en diciembre la Asamblea apruebe cambios importantes para luchar contra la corrupción “por el bien del país, no por cumplir con el Fondo”.

La propuesta que más ha avanzado en trámite es el proyecto de Ley de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado o Ley de Extinción de Dominio, que ya pasó el primer debate en el Pleno y que está en la Comisión de Participación Ciudadana.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que el Legislativo tratará de que ese cuerpo legal se apruebe antes de la vacancia. Este proyecto también aborda un tema anticorrupción, que tiene que ver con los bienes incautados por actos de corrupción. Pero estas últimas reformas no están entre las acordadas con el FMI.

Francisco Briones, director de la firma Perspectiva, explica que la finalidad de este compromiso es que los recursos que recibió el país, que fueron de un monto elevado y extraordinario, no sean desviados y que, si ocurre eso por corrupción, se pueda sancionar.

Los recursos del FMI son importantes, además, porque otras fuentes de financiamiento no se han concretado; por ejemplo, los dos créditos de China por USD 2 400 millones, atados a la venta de crudo, han recibido observaciones de Petroecuador. Pozo reconoció que es posible que esos recursos no lleguen en este año. En ese escenario, las opciones que le quedan al Fisco son bajar gastos o acumular atrasos.

Otras metas

BCE. La Junta de Política y Regulación Monetaria debe aprobar un estatuto de auditoría interna para el Banco Central, para la adopción de un enfoque basado en el riesgo, un programa de evaluación de la calidad interna y externa.

Transparencia. Adoptar un reglamento, en consulta con el personal del Fondo, para implementar las reformas para inyectar transparencia y topes al gasto público, deuda pública, etc.

Presupuesto. Entregar al personal técnico del FMI un plan financiero de Presupuesto para el año 2021, aprobado por el Comité Financiero.

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