Ana Galarza admitió una falla administrativa en el uso de una tarjeta, por parte de su esposo, y ofreció disculpas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Con un paraguas, Francisco Sevilla esperó a su esposa, Ana Galarza, en la puerta lateral de la Asamblea. En medio de una pertinaz llovizna, la abrazó, se embarcaron en un vehículo y abandonaron el lugar, la tarde de ayer 7 de febrero del 2019, a pocos minutos de haber sido destituida.
Galarza solo se despidió de un puñado de asambleístas del movimiento Creo, después de una sesión que duró un poco más de tres horas. No hizo comentarios. Incluso desactivó su cuenta de la red social Twitter, antes de que terminara la sesión.
La moción que terminó con su carrera en el Parlamento fue aprobada con 91 votos, es decir, las dos terceras partes del Pleno. Se requerían 70 para sacarla del puesto. Los 21 integrantes de su bancada y cuatro independientes votaron en contra de la destitución. Otros 10 se abstuvieron.
Así, Galarza se convirtió en la tercera asambleísta que en menos de tres meses es destituida del cargo. En su caso, el proceso lo impulsó el asambleísta correísta Ronny Aleaga, quien denunció irregularidades en su despacho.
Aleaga no se quedó conforme y pidió que el expediente también sea enviado a la Fiscalía para que sea investigada por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito, uso doloso de documentos falsos y tráfico de influencias.
La escena fue parecida a la que se vivió el pasado 13 de noviembre, cuando con 89 votos perdieron su curul Norma Vallejo (AP) y la correísta Sofía Espín, con 94. La primera por gestión de cargo público y Espín por actos incompatibles con sus funciones al visitar a una testigo protegida del caso Balda.
Sin embargo, para Fabricio Villamar, de Creo, lo que se demostró, esta vez, fue que “los acusadores tenían más votos, no que tenían la razón”.
El legislador sostuvo que detrás del tema hubo “un acuerdo entre el correísmo antiguo, el correísmo nuevo y los que votan alrededor de ellos: los compañeros de negocios se pusieron de acuerdo”, afirmó.
Galarza, en su momento, formó parte de la Comisión Multipartidista que recomendó la sanción para Vallejo, un proceso que fue impulsado por Villamar.
Eso recordó Aleaga, al señalar que en el análisis de la denuncia se determinaron “los mismos hechos por los cuales la señora Galarza juzgó y votó por la destitución de la exasambleísta Norma Vallejo”.
“Es un caso claro de ‘piponazgo’ y al puro estilo del Congreso de los años 90”, dijo Aleaga. “En la práctica, el señor Sevilla (esposo de Galarza), usurpaba funciones”, apuntó, mientras ella lo escuchaba de pie, cruzada de brazos y apoyada en una de las curules.
Aleaga y su coidearia Amapola Naranjo se encargaron de rebatir el informe que fue presentado por el legislador independiente Raúl Tello y Lourdes Cuesta (Creo), dos de los tres integrantes de la Comisión que se conformó para investigar a Galarza.
Lo que Tello y Cuesta recomendaban era que se aplique una sanción administrativa a Galarza, por uso indebido de tarjetas magnéticas en el Palacio Legislativo.
Para ellos, este caso no se ajustaba a la causal de destitución que estipula el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, gestión de cargos públicos.
Cuesta desvirtuó las acusaciones de Lenín Rodríguez, exasistente de Galarza, que la denunció en la Fiscalía. “No hay transferencias, depósitos, chats, mails ni mucho menos audios de la asambleísta solicitando depósitos”, dijo la legisladora de Creo.
Sin embargo, sus argumentos no lograron convencer a la mayoría legislativa, que con 47 votos negativos, 34 afirmativos y 43 abstenciones, terminó por rechazar esa propuesta.
Antes del desenlace, Galarza también pudo presentar sus descargos ante el Pleno. Lo hizo con una voz apagada y con un semblante distinto al que tuvo cuando defendió el informe que terminó con la destitución de Vallejo.
Galarza ofreció disculpas por haber utilizado la tarjeta de una de sus colaboradoras para ingresar con su esposo a la Asamblea. Pero adujo que no hizo gestiones para que su exasistente Lenin Rodríguez sea contratado por su colega Jeannine Cruz. Presentó el currículum vitae de su denunciante y exasesor, en el cual había incluido su nombre como referencia laboral.
“Recibo una llamada de parte de una legisladora, no la hago yo. Como el señor me había puesto como referencia laboral, me limité a dar la referencia. Nunca le pedí a la legisladora que lo contrate”, afirmó.
La parlamentaria criticó también el hecho de que desde la Comisión Multipartidista se hayan presentado dos informes. Su abogado defensor, Marcelo Dueñas, también calificó de ilegal a este procedimiento.
Terminó su intervención sin hacer revelaciones como había prometido en los últimos días, entre aplausos de asistentes de legisladores de Creo desde las barras altas.
Cuando todo se consumó, hubo un ambiente festivo en el primer piso del Palacio Legislativo, en donde al grito de ¡Que viva el cumpleañero! asambleístas de Alianza País (AP) festejaban a Rafael Quijije, uno de los suyos. Hubo pastel y gaseosas. Allí estuvieron Ximena Peña, José Serrano, Esteban Albornoz, Silvia Salgado, entre otros integrantes de la bancada oficialista.
