El bloque de Alianza País (AP) mantiene hoy un taller para unificar su postura frente a las 16 enmiendas a la Constitución, de cara a su aprobación prevista para las próximas semanas. El legislador Juan Carlos Cassinelli sistematizará la posición oficialista para entregarla mañana a la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional, que elaborará el informe para segundo debate.
Existen tres puntos que generan intensos diálogos dentro del oficialismo: el sitio para la votación de los cambios –Montecristi o Quito-, la presencia obligatoria de los 99 alternos para así garantizarse los 92 votos necesarios para su aprobación.
No obstante, el punto más importante será la inclusión de la transitoria que bloquee la participación en las elecciones del 2017 de 40 asambleístas de todo el arco político, del presidente Rafael Correa e incluso de las autoridades locales que ya cursan un segundo período consecutivo y que se verían beneficiados con la enmienda de la re-reelección.
Fuentes internas de AP confirmaron que inicialmente, cuando se propuso un pacto ético al interior del bloque para quienes ya tenían dos períodos como legisladores, hubo una fuerte oposición de un sector minoritario. Estaba de por medio su supervivencia política de cara al 2017. Ahora, luego de que el Presidente dio un impulso público a esta iniciativa, el panorama cambió para ellos.
Para los 32 oficialistas que están entre los beneficiados de la reelección indefinida sin la transitoria, no se trata de un tema de supervivencia política. Coinciden en que la decisión del bloque será respetada, aunque eso signifique el fin de sus días en la Asamblea. “No vamos a ir a la reunión a hacer un minibloque para defender nuestra participación en las próximas elecciones”, dijo Gabriel Rivera, quien lleva dos períodos consecutivos por Esmeraldas y sostiene que no está ahí para hacer una carrera política ni con agendas personales.
Otros, como Mauro Andino, son partidarios de que se inserte la transitoria con la posibilidad que se dé paso a nuevos cuadros como ministros o funcionarios públicos. Sostiene que muchos han cumplido el rol de legislar y eso ha llevado a alejarse, como en su caso, de la familia.
Pese a que el Presidente se incluyó en el grupo de dignatarios que no podrían postularse el 2017, en su bloque coinciden en que la transitoria no lo toque, pero sí a las autoridades locales para terminar con los denominados “caciques locales”. Cassinelli señala que tal como está la propuesta original se incluye en la prohibición a las autoridades de los Gobiernos Autónomos y que analizarán poner una fecha a la transitoria para que sea precisa.
Un tema que inquieta a legisladores, como Luis Fernando Torres (Creo-PSC-Tiempo de Cambio), es cuándo se conocerá el alcance y la redacción de dicha propuesta.
Para Cassinelli, lo óptimo sería que dentro de la Comisión de Enmiendas se recoja la postura de Alianza País, pero dejó en claro que la transitoria se podría incluir en cualquier etapa del tratamiento: “no sé si llamarla una transitoria sorpresa, pero puede incorporarse en el Pleno o en la Comisión”.
Compromiso Ecuador desconfía de transitoria
Representantes del colectivo Compromiso Ecuador, como César Monge, Henry Llanes, Milton Castillo y César Carrión, manifestaron su desconfianza por la transitoria. Parten de que las 16 enmiendas son ilegítimas y que su oposición a la reelección indefinida se mantiene independientemente de cuándo se aplique.
Para Monge, del movimiento Creo, esta transitoria es tardía y tramposa, porque la Corte Constitucional no aprobó ningún proceso relacionado con esta. Monje la calificó de “conejo negro”, pues considera que es posible que la Corte, en el caso de que la transitoria sea incluida, se pronuncie diciendo que no hay lugar y luego el Presidente se candidatice de cualquier modo.
Frente a la situación, el colectivo plantea acciones. Llanes, por ejemplo, hizo un llamado a todos los asambleístas de oposición a no asistir a la reunión del Pleno de la Asamblea en el segundo y definitivo debate. Para él, participar de la sesión daría legitimidad a un proceso que considera atentatorio contra la Constitución. “No estamos de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, pero tampoco en que sea trastocado”, dijo Castillo.
En el documento firmado por este colectivo, se “trata de una lucha de principios, no por personalismos” porque la reelección indefinida es nociva así se ejecute en el 2017 o en el 2021.