José Santamaría, de la Cámara de Transportistas, anunció una reunión del gremio. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO
Faltaban pocos minutos para las 14:00 cuando la Alcaldía de Quito informó que la sesión del Concejo Metropolitano en la que se debatiría la ordenanza sobre la política tarifaria en la ciudad había sido suspendida.
En esa reunión se preveía lograr un acuerdo para incrementar el pasaje urbano de USD 0,25 a USD 0,30, con el fin de sincerar el valor por el servicio, pero, además, exigir mejoras en el servicio de transporte.
Por disposición del alcalde Mauricio Rodas, el secretario general, Diego Cevallos, informó sobre la suspensión. Posteriormente, el Municipio envió un comunicado en el cual dejaba en claro que el pasaje se mantendría en su valor actual, en las distintas modalidades, hasta que se realicen “diálogos con los diferentes representantes de la ciudadanía y organizaciones”, sin especificar cuáles participarían ni el tiempo que esto tomaría.
La decisión tomó por sorpresa a los transportistas que consideran que el pasaje debería ubicarse por encima de los USD 0,34 , aunque estaban dispuestos a acatar la disposición del Cabildo.
Hasta ayer, 30 de junio de 2017, el sector contaba con una compensación mensual de USD 1 000 si habían avanzado en más del 35% de implementación del sistema de caja común y USD 450 si este proceso estaba en porcentajes inferiores. A partir de hoy, 1 de julio, los transportistas contarán únicamente con el ingreso de los pasajes vigentes.
Por ello, los transportistas se reunirán el lunes para evaluar las medidas que tomarán debido a la postergación en el tratamiento del tema en el Cabildo. José Santamaría, de la Cámara de Transportistas de Pichincha, se reunió con algunos de los dirigentes de las cooperativas en las gradas al pie de la Catedral Metropolitana de Quito.
Ellos planeaban presenciar el debate del proyecto de normativa pero salieron molestos del Cabildo. “Es lamentable que el Municipio no tome con responsabilidad y con seriedad a estos grupos estratégicos. Somos inversionistas y ciudadanos”, dijo. Se quejó de que no le den a este sector “la importancia que se merece”.
El Municipio explicó en su corto comunicado que la idea era llegar a una resolución luego de lograr consensos con los diversos sectores.
Afuera del Cabildo se realizaron ayer protestas, al igual que el 23 de junio. Gremios de trabajadores y de estudiantes se oponen al aumento a la tarifa y se quejan por las falencias en el servicio de transporte.
En la ciudad no se ha modificado la tarifa desde hace 14 años. A escala nacional, el Gobierno pasado frenó una posible alza de pasajes a través de la entrega de una compensación por las tarifas reducidas para niños, estudiantes secundarios, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, en el 2012. Pero en el 2014, luego de que los cabildos asumieran las competencias de tránsito, el Régimen transfirió esa responsabilidad a los municipios.
En el 2015, el Cabildo aprobó un plan de fortalecimiento y mejoramiento del servicio del transporte en la ciudad, que incluyó el pago de la compensación hasta ayer.
El concejal Eddy Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, recibió ayer a un grupo de dirigentes estudiantiles para explicarles sobre el proyecto de ordenanza que fue redactado por la Secretaría de Movilidad, pero ajustado en la instancia que él dirige.
Señaló que un alza de pasajes conlleva un costo político que es complicado de asumir, pero es necesario. En los últimos 14 años, dijo, la remuneración básica unificada se ha triplicado, se han encarecido los repuestos, las llantas, los vehículos… pero el valor de los pasajes se ha mantenido.
Aunque acepta que son necesarias mejoras sustanciales en el servicio, explica que estas no llegarán si los operadores del servicio no cuentan con suficientes recursos para hacerlas.
La suspensión repentina de la sesión del Concejo es una responsabilidad exclusiva del Alcalde, según la edil Susana Castañeda, coordinadora del bloque de Alianza País.
Los nueve concejales que lo conforman –señala– han pedido a Rodas que presente un proyecto de gestión integral de movilidad, en el que se trate también el tema del transporte público, “pero se ha demorado dos años y medio y no lo ha podido presentar”.
Castañeda considera que los transportistas están en su derecho de pedir que se incremente la tarifa, pero cree que hace falta una mejor gestión del servicio que prestan.
El bloque concuerda en la ordenanza no recoge las observaciones realizadas por este. “Hemos dicho que debe ser un manejo integral”. Agrega que en la ordenanza se trata el tema de tarifas de forma aislada, sin tomar en cuenta que el transporte debería ser tratado como un sistema.