Redacción Negocios
negocios@elcomercio.comEl país enfrenta al momento 11 procesos arbitrales en cortes internacionales. Aunque no hay un monto definitivo, la cuantía total de las demandas representan al menos USD 11 000 millones. Del total de procesos, siete pertenecen al ámbito petrolero, de los cuales cuatro están relacionados con el cambio de la normativa jurídica en el país, vinculadas con la expedición de la Ley 42.En este grupo se encuentran las compañías Murphy, Burlington, Perenco y Repsol.La normativa, del 2006, determinó que al menos el 50% de las ganancias extraordinarias por el incremento del precio del petróleo pasen a las arcas fiscales. Pero el presidente, Rafael Correa, en el 2007, determinó que el 99% de estas ganancias extras ingresen al presupuesto y el 1% permanezca en las compañías.Este cambio en las reglas fue acompañado de una renegociación de contratos, para lo cual se estableció un período de transición. Pero Murphy, Burlington, Perenco y Repsol llevaron sus casos a un centro de arbitraje adscrito al Banco Mundial (BM), argumentando que el cambio de normativa violaba los tratados de protección de inversiones.Dentro de las demandas de arbitraje consta una del 2006. El martes pasado la Corte de Arbitraje de la Haya emitió un fallo parcial a favor de Chevron. Se estableció un monto inicial de daños por USD 698,6 millones, debido a que las cortes de justicia del Ecuador retrasaron el proceso de siete demandas que Texaco puso entre 1991 y 1993. En un segundo arbitraje la compañía estadounidense exige que, de darse un fallo en su contra por daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, el Estado asuma las indemnizaciones.Argumenta que el Gobierno ecuatoriano avaló la remediación que Texaco hizo cuando salió del país, por lo que no tendría derecho a reclamo.El séptimo proceso en la lista de arbitrajes petroleros es el de la compañía Occidental.Los motivos fueron la caducidad de su contrato para explotar el crudo del bloque 15 y el traspaso de los campos al Estado en mayo de 2006.La compañía también reclama la violación del Tratado de Protección de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. Su reclamo asciende a USD 3 300 millones.De los cuatro casos restantes, uno se relaciona con el sector eléctrico. La compañía Ulysseas invirtió en una central termoeléctrica que no llegó a operar Según la empresa, ello se debió a que no había garantía del pago por la generación. Ante ello, Ulysseas presentó un proceso ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. La barcaza, sin embargo, fue asumida temporalmente por el Estado desde noviembre pasado, a raíz de la crisis eléctrica.Una novena demanda es de la compañía boliviana Global Net ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en México. La empresa tenía un contrato de instalaciones de telecomunicaciones que debía instalar en zonas rurales del país. El Estado argumentó que la empresa no cumplió su contrato, mientras que la compañía indicó que no tuvo las facilidades.El décimo caso fue interpuesto por la empresa Vatadur ante la Corte Interamericana de Arbitraje Comercial. La compañía debía brindar el servicio de ambulancias fluviales pero el Estado argumentó que no lo cumplió y dejó de pagar USD 500 000. El último arbitraje lo interpuso Quiport SA ante el Ciadi por la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. El proceso está suspendido por las negociaciones con el Municipio de Quito.