Qué mejor para el delito común y el crimen organizado que hallar a una sociedad dividida. Si a esto se suman varios nudos en la prevención del delito, un sistema judicial proclive a la impunidad y un esquema penitenciario que no rehabilita, queda poco espacio para el optimismo.
El Presidente de la República hizo, a propósito de su informe al país en agosto último, un llamado a todas las instituciones involucradas a emprender todas las reformas necesarias para que el sistema funcione. Si se trata de una urgencia nacional y de un problema que ya afecta la vida cotidiana de todos, no hay ninguna razón para que la sociedad no aúne esfuerzos y dé una respuesta global.
Ciudadanos responsables y organizados, una Policía cercana a la comunidad y actuando coordinadamente con los gobiernos seccionales, un sistema judicial bien dotado de recursos humanos y materiales para juzgar y sancionar oportunamente, un sistema penitenciario que asegure el cumplimiento de penas y asegure la reinserción, es algo que el país necesita y merece.
Sería penoso, no solo para las actuales sino para las futuras generaciones, que las confrontaciones estériles impidan que el país se una en esta lucha frente a un enemigo común. En esta empresa ciudadana nadie debiera ser considerado un enemigo o un opositor a eliminar.
Este Diario, al igual que otros productos noticiosos del Grupo EL COMERCIO, abre desde este día nuevos espacios para aportar al conocimiento de los problemas más recurrentes, al debate y a las propuestas de soluciones, a los mejores ejemplos, locales y mundiales, sobre los esfuerzos para no dejarse vencer por el crimen. Son espacios dedicados a una sociedad múltiple y compleja aunada por un esfuerzo que no debiera ni puede ser patrimonio de nadie.