El Régimen defendió nuevamente la ratificación del Acuerdo Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela.
Ayer, el asambleísta Fernando Bustamante, en una rueda de prensa, aseguró que el convenio es similar al que se ha suscrito con otros países. Él presentó una lista de 24 países con los que Ecuador ha firmado 80 convenios de cooperación en materia de defensa.
Sin embargo, apenas 40 de ellos están vigentes al momento. El resto ha expirado, fue denunciado (terminado) o está aún a la espera de su ratificación constitucional o legislativa.
Además, negó que el acuerdo permita la instalación de bases extranjeras en el país.
Sin embargo, para el asambleísta de oposición y ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Paco Moncayo, el texto del documento está mal redactado, por lo que deja abiertas demasiadas posibilidades para interpretación.
Precisamente, él cuestiona el primer numeral del artículo 2 del tratado, que permite la “prestación de servicios, encaminados a garantizar el empleo, del armamento y material de defensa en las áreas de Inteligencia militar, operaciones de paz(…)”.
La frase “prestación de servicios”, según Moncayo, no aclara cuál será la figura de la cooperación. Es decir, no se dice si militares venezolanos podrán venir a trabajar a Ecuador y viceversa.
“Se podría pensar que los militares venezolanos realizarán operaciones de Inteligencia en el país sobre hechos internos de Ecuador y utilizar armamento. No están claros los alcances”, criticó.
El artículo 5 del convenio determina que “las partes asegurarán la protección de las informaciones recibidas, durante la vigencia” del convenio.
Moncayo aclaró que con esta amplitud surge una confusión, que no se evidencia en el acuerdo que se ratificó con Brasil, para Cooperación en el Dominio de la Defensa. Este tratado es similar al firmado con Venezuela.
Pero solamente habla de colaboración en investigación, entrenamiento, adquisición de armamento; así como de realizar acciones conjuntas de intercambio de información.
También se establece la capacitación y el intercambio de instructores y estudiantes.
El documento se firmó en abril del 2007, pero recién en junio pasado contó con el visto bueno de la Corte Constitucional. Y el martes pasado contó con la ratificación de la Asamblea Nacional.
Durante su debate en el Legislativo, este convenio no tuvo la resistencia que el firmado con Caracas. Por ello, los asambleístas de Alianza País adujeron que la oposición mira la política exterior y define la firma de acuerdos de forma “ideologizada” y sataniza a Venezuela por la tendencia política que profesa.