Los directivos, adolescentes y jóvenes que integran la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, con sede en Quito, son ciudadanos comunes y corrientes que han sentido en carne propia la pérdida irreparable de un ser querido, aquejado por un tumor maligno.
Pero el corazón de este proyecto sin fines de lucro sigue latiendo gracias a la fe y a las ganas de vivir que le inyectan los jóvenes con cáncer, quienes cotidianamente acuden a este centro. Esta iniciativa solidaria empezó hace más de tres años, cuando el joven Álex Dávila, quien sufría de cáncer a los huesos, se alió con tres pacientes más para mentalizar la frase: “A favor del buen morir”.
Tras la muerte del ‘gladiador’ Álex y sus compañeros, Gustavo Dávila, su padre, creó la fundación. “Lo hice por mi hijo y por todos los que viven con esta enfermedad”, recuerda. Desde esta trinchera se ofrece, sin costo, ayuda psicológica emocional, mediante la formación de grupos de apoyo. Promueve la solidaridad, organiza eventos deportivos, recreativos, culturales y productivos. Más de 50 jóvenes se han beneficiado con medicinas, alimentación, pasajes… La fundación, sin embargo, espera que este año se concrete la ayuda que ofrecieron las autoridades locales y nacionales.
LEY DE COMUNICACIÓN
‘ El Gobierno no debe adueñarse de la ley de Comunicación’
Abdalá Bucaram Pulley, asambleísta del partido roldosista (PRE)
Redacción Judicial
¿El PRE votará por el proyecto de ley de Comunicación del Gobierno?
En el primer debate del proyecto de ley dije que un gran sector de la prensa ha actuado con inequidad, injustamente, que ha falseado la verdad, que ha injuriado, que ha silenciado y ha aplaudido golpes de Estado. Recuerdo titulares que decían no es legal el golpe de Estado (contra Abdalá Bucaram) pero es necesario. Ese tipo de cosas ha hecho mucho daño y hace urgente la aprobación de una ley de Comunicación que es un mandato constitucional.
¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. ‘Dalo’ Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram, ocupa, por primera vez, una curul legislativa, como asambleísta nacional del PRE, desde el pasado 31 de julio. Advierte que no permitirán que el Gobierno se adueñe de la ley de Comunicación que se debate en la Legislatura.
¿Una ley que impida que los medios revelen actos irregulares del poder?
No se trata de perseguir, de sancionar, de querer controlar, de limitar la libertad de la prensa, sino de democratizar la comunicación. Que por fin la prensa entienda que su labor es informar la verdad y que los ciudadanos tengan acceso a una información libre, transparente e independiente de los poderes del Estado, fácticos y económicos.
Pero la prensa ha denunciado los abusos y arbitrariedades de gobiernos de turno.
Pregunto al país, ¿cuántos medios de comunicación fueron cerrados en el gobierno de Abdalá Bucaram? Ninguno. La prensa, en general, insultaba todos los días al Presidente. Si cualquier medio le dice payaso, insolente, corrupto al actual presidente Rafael Correa, el día de mañana estaría clausurado, cerrado. Bucaram se cayó por demócrata, por ser respetuoso de la libertad de expresión.
No se puede generalizar. La prensa denunció arbitrariedades de ese Gobierno.
Creo que un gran sector de la prensa fue culpable de la caída de Bucaram y hoy se está pagando el precio de haber cometido una ilegalidad al destituirlo, porque un partido político (A. País) quiere aprovecharse del sueño de cambio de los ecuatorianos para adueñarse de la comunicación. El Gobierno debe entender que las libertades son las que garantizan el desarrollo de los pueblos.
En el debate de la Ley ha habido intentos por limitar el trabajo de la prensa.
No, las personas deben tener la libertad de hablar lo que quieran, siempre y cuando lo hagan con la documentación necesaria para probar lo que dicen y, en caso de que alguien sea injuriado o se haya afectado en su honra, la prensa debe garantizarle el derecho a la réplica o a su justa defensa.
Pero el derecho a la rectificación ya está vigente…
Está vigente pero no se pone en práctica, no se aplica, el problema del Ecuador no es de leyes, sino de justicia, por eso hay que hacer una acción conjunta de renovar, de reoxigenar todas las cortes, de los juzgados, de la Fiscalía, pero también es necesario exigirle a la prensa que no puede seguir cometiendo los abusos y arbitrariedades que ha cometido.
¿Su planteamiento del derecho a la réplica coincide con la tesis del Gobierno?
No, el proyecto presentado por A. País quiere crear un Consejo de Comunicación e Información controlado por el Gobierno; ese consejo tiene que responder a lo que quiere el país y no a lo que quiere el Gobierno. El PRE lleva 30 años luchando por una libertad de expresión y viene Alianza País a querer adueñarse de la comunicación. No vamos a ser tontos útiles, queremos las libertades para todos los ciudadanos, no para beneficio de Rafael Correa y de su movimiento político.
¿Ustedes van a condicionar sus votos a favor del proyecto de ley de Comunicación?
Así es. No vamos a apoyar jamás una ley en la que el Gobierno intente absorber la comunicación, porque si mañana pienso diferente o en contra de un tema del gobierno de turno, la prensa no podrá darme el espacio para expresar mi opinión, porque puede ser sancionado o clausurado.
¿Ese condicionamiento tiene que ver con el retorno de Abdalá Bucaram Ortiz?
Lo que afirman algunos medios de que el PRE negoció el retorno de Abdalá Bucaram a cambio de votar por la ley de Comunicación, es mentira; eso no es libertad de expresión, eso es libertinaje, ese tipo de información no puede seguir permitiéndose. Mientras
‘Dalo’ Bucaram sea director nacional del PRE, el partido no negociará cargos públicos ni el retorno del ex Presidente. Sin embargo, el hecho de que Bucaram
siga en el exilio demuestra que el Gobierno permite la persecución política y determina que no es un gobierno 100 por ciento revolucionario.
Si no busca cargos políticos, ¿el PRE condiciona sus votos a la participación en las funciones del Estado?
De ninguna manera. Además, la facultad de estructurar los organismos del Estado ya se quitó al Legislativo. Ahora, de acuerdo con la Constitución, la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y ahí nace una suspicacia, porque quién garantiza que ese Consejo va a ser de la ciudadanía o de Alianza País. Era mejor un Consejo con representantes de las principales fuerzas políticas a un Consejo que sea solo de A. País. De qué democracia hablamos.