Redacción Judicial
El fiscal general, Washington Pesántez, interrumpió su discurso por unos segundos, tras escuchar los reclamos de los familiares de Natalia Emme. “Afuera el Fiscal, abajo la impunidad”, gritó María Elena Bedoya, madre de la joven, que murió arrollada el 14 de enero pasado.
Pesántez levantó la mirada; trató de ignorar a la decena de manifestantes y siguió con su intervención: “Es gratificante retornar a mi trabajo luego de tres semanas de acogerme a una licencia sin sueldo, por el lamentable accidente de tránsito donde se trató de involucrar a mi esposa”.
30 días
estuvo con licencia, sin sueldo, el Fiscal General. Ayer reasumió sus funciones.
Natalia Emme fue arrollada por un Suzuki Grand Vitara, de la Fiscalía. El vehículo circulaba con exceso de velocidad y por una vía exclusiva de buses, al norte de Quito, según la Policía de Tránsito.
Seis testigos señalaron a Aliz Borja, esposa de Pesántez, como la responsable de la muerte. Pero Wilson Velasteguí, el policía asignado a la seguridad de Borja, dijo que él conducía el Vitara. Otros cuatro testigos ratificaron la versión del gendarme.
“Me reintegro ahora que ha terminado la investigación de este caso y puedo decir, sin lugar a duda, que la Fiscalía actuó con absoluta independencia”, refirió con un tono de voz alto Pesántez.
Sus palabras generaron la ovación de los funcionarios de la Fiscalía y de estudiantes secundarios que acudieron a la inauguración de la Casa Abierta ‘Fiscalía – Policía Judicial 2010’.
El acto estuvo previsto para las 09:00, pero inició a las 09:30, cuando llegó Pesántez.
Desde un podio, el Fiscal General destacó los logros obtenidos por la institución, durante los 27 meses de su administración. “Antes se tenía que arrendar casas para convertirlas en fiscalías. Ahora hay 147 dependencias propias en el país para que la gente pueda denunciar con unidades especializadas de la Policía”.
Según Pesántez, el combate a la delincuencia mejoró y ahora “la Policía no es la única responsable de la seguridad, sino también la ciudadanía en coordinación con el Ministerio Público”.
Los familiares de Emme trataron de acercarse al patio donde se ubicaron los puesto de exposición de la Casa Abierta, pero ocho policías formaron un cerco. Luego colocaron un camión de Criminalística en el ingreso del edificio de la Fiscalía, en la av. Patria y les cerraron el paso.
Fernando Balda, asambleísta alterno de Sociedad Patriótica, apareció entre la multitud con un terno y gafas oscuras. Aseguró que apoyaba la lucha de los padres de Emme.
Era la primera vez que se lo veía en una protesta, desde que se abrió la indagación para aclarar la muerte de la joven.
“Pesántez pretende lavarnos el cerebro con una casa abierta en la que intenta presentarse como un ejemplo de rectitud en la administración de justicia, lo cual dista de la realidad”, señaló Balda.
Pesántez no respondió a esta declaración en su discurso, pero sí se refirió de forma general a quienes piden su destitución. “Como decía Miguel de Cervantes, cuando los perros ladran, es señal de que avanzamos. Mientras yo esté al frente de la institución no se hipotecará la Fiscalía, por más que lo quieran quienes se hacen llamar Ruptura de los 23 o de lo 25”.
La cabeza visible de esa agrupación política, la asambleísta oficialista María Paula Romo, aseguró ayer que el Fiscal General trata de “distraer” a la opinión pública para no rendir cuentas sobre las denuncias que existen en su contra.
“Como por qué no hizo concurso para elegir a las autoridades de las fiscalías indígenas. También, por qué cambió el reglamento para contratar funcionarios y familiares para que ingresen a la institución. Eso es ilegal”.
Según Romo, existen los elementos suficientes para enjuiciar políticamente al titular del Ministerio Público, pero dice que esperaba a que el receso legislativo termine (ayer) para concretarlo. “Ahora se presentarán las pruebas que tenemos a los compañeros de nuestro bloque y de los otros. Luego, se recogerán las firmas necesarias”.
Según la Constitución, se requieren 31 firmas para solicitar a el juicio político. Y para proceder a la destitución, se necesitará el voto favorable de, al menos, 63 asambleístas.
César Rodríguez, asambleísta de País, dijo que el juicio lo patrocinan cuatro legisladores coidearios suyos: Francisco Velasco, Rosana Alvarado, Romo y Virgilio Hernández. “El juicio político y la destitución están contemplados en la Constitución, pero tendremos que valorar la investigación de los compañeros para saber si son procedentes esas medidas”.
Pesántez, de su lado, dijo estar preparado para acudir a la Asamblea cuando sea necesario. “Mañana mismo puedo ir para decir las cosas como son”.
“Me han insinuado, denunció a renglón seguido, compartir la Fiscalía como si se tratara de un pastel. Así como lo hacían antes los partidos políticos”.
Ciertos “payasos”, enfatizó con ironía el Fiscal General, “han querido convertir una tragedia humana en una comedia política”. “Ratifico mi decisión de trabajar con la misma fe , confianza y optimismo que he demostrado desde el día que ingresé como funcionario a la Fiscalía, hace 11 años”.
Pesántez terminó su discurso a las 10:30 y se dirigió a su despacho sin dar más declaraciones. Dentro de la Fiscalía, los funcionarios lo despidieron con aplausos y sonrisas. Afuera, en cambio, hubo abucheos y gritos en su contra. “El fiscal nunca dejó sus funciones”, dijo la madre de Emme. “Por teléfono daba las órdenes y orquestó todo un plan para que liberen de culpa a su esposa y se condene a Velasteguí ”.
Por ello, Guillermo Orrico, padre del hijo de Natalia Emme, dijo que no asistirán a la audiencia de enjuiciamiento del caso, prevista para hoy. La fiscal de Tránsito , Mariana López, debe emitir un dictamen acusatorio o abstentivo contra el principal procesado; el policía Wilson Velasteguí.
“Sabemos que no incluirán a Aliz Borja en el proceso y no nos vamos a prestar para esa mentira”, reclamó Orrico. “Llevaremos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó
Aún no hay sanciones
Alfredo Alvear, fiscal subrogante, dijo que los sumarios administrativos que se abrieron a 65 funcionarios de la Fiscalía siguen su curso normal.
Sus nombres aparecieron en un remitido de prensa donde se decía que Aliz Borja era inocente y que el conductor del Vitara que arrolló a Natalia Emme era el policía Wilson Velasteguí.
El Pleno de la Asamblea dijo que los funcionarios de la Fiscalía adelantaron criterios sobre una indagación en curso y pidió la sanción para los implicados.
Blanca del Hierro, presidenta del gremio que agrupa a los empleados del Ministerio Público, asumió la responsabilidad del remitido y renunció a su cargo como dirigente. Aún sigue en sus funciones en la Fiscalía.