El Plan B del Gobierno para el Yasuní siempre fue el de primera prioridad, es decir debió llamarse Plan A. Hoy, simplemente la obra de teatro terminó con el esperado desenlace y las consabidas frases para liberarse de culpa responsabilizando a terceros.
Justificar la explotación del ITT argumentando que es la llave para erradicar la miseria en Ecuador es una falta de respeto a la inteligencia del ciudadano común. Sabemos que el dinero será para engordar el gasto fiscal y llevar a Ecuador a una quiebra programada que lo hunda dentro de un socialismo sin retorno, poniendo en total dependencia de la “teta estatal” a la mayoría de sus ciudadanos y gobernar por generaciones.
Lo peor no será el deterioro del entorno ecológico de tan valiosa área, tampoco el destino final de los no contactados o la muerte de su fauna, no. La más grave consecuencia es la venta de los valores de nuestra sociedad por una renta de la explotación. Niños, jóvenes y ciudadanos conscientes que contribuyeron entusiastamente verán aplastados y aniquilados sus principios, experimentando una degradación social que no tiene medida mensurable.
Es decir, constatar que principios y conciencia se venden.