La sesión 174 del Pleno no se pudo retomar esta tarde por falta de quórum. No hubo 63 de 124 asambleístas sino 59, pese a que se trataba del primer debate del proyecto de Código Integral Penal, el tema más importante que trataría en lo que resta de su período legislativo, que termina en julio del 2013.
El presidente Fernando Cordero pidió que se constatara cuántos asambleístas estaban presentes a las 16:00 y la cita debía reiniciar a las 15:30.
En la jornada de la mañana se notó poco interés en esta discusión. Hubo más de 12 suplentes, de Alianza País y de la oposición. Legisladoras como Scheznarda Fernández, aliada del oficialismo, por ejemplo, no asistió.
La sesión estuvo convocada para las 09:30, pero como es usual empezó más de 30 minutos después, con 73 presentes. Luego llegaron a ser 90.
El debate propiamente comenzó a las 12:30, tras la larga lectura del informe de la Mesa de Justicia y la ponencia de Mauro Andino, su presidente. Duró una hora. Asambleístas como Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) solicitaron a la Presidencia que se les permitiera intervenir en esta jornada y no en la tarde, para regresar a su provincia (Guayas). Según Secretaría restan 20 intervenciones.
Entre las intervenciones de los asambleístas sobre el debate del Código Penal Integral, Enrique Herrería, ex Madera de Guerrero, dijo que en Ecuador no se atacan los factores criminógenos. Entre otros nombró el desempleo, la violencia verbal y según él, el principal productor de opinión es el Presidente de la República.
Herrería también señaló que en el art. 285 se habla de enriquecimiento privado no justificado. Él asegura que a través de él no se va a perseguir a funcionarios públicos sino a ciudadanos porque se habla de actividades ilícitas, por ejemplo narcotráfico… “Se curan en salud frente a funcionarios que entraron con una mano adelante y otra detrás y ahora…”.
Paco Moncayo (Alianza Libertad) indicó que ningún Código Penal funciona si no hay estado de derecho. “La tipificación de penas pueden ser un boomerang… Hay ejemplos de estados autoritarios, donde no existe división de funciones, que han terminado convertidos en lo que ya se califica como estado delincuentes o mafiosos”.
Rolando Panchana (Alianza País) no acepta que se permita el aborto en caso de violación porque dijo que no se puede probar y que eso abriría “ventanas que pueden ser mal usadas para cometer delitos peores a los que ahora queremos castigar. ¿En el siglo 21 es posible hablar de aborto terapéutico?”, señaló.