Como para cerrar con broche de oro la cuestionada gestión de la Asamblea Nacional, acaba de aprobar unas Reformas a la Ley de Educación Intercultural, entre las que consta la creación de una jubilación especial para los maestros, cometiendo, para mi forma de ver, dos graves errores, primero, sin financiamiento por tanto es inconstitucional y luego es una reforma discriminatoria, que crea jubilados de primera y de segunda. De primera los profesores con 25 años de aportes sin límite de edad y los de segunda la gran mayoría con 60 años de edad y un mínimo de 360 imposiciones o un mínimo de 480 imposiciones sin límite de edad. Y el Ejecutivo completa esta estocada al ya débil sistemas de pensiones del IESS, no haciendo uso del derecho al veto y más bien remitiendo para su publicación en el Registro Oficial; primó la decisión política al análisis técnico, seguramente para recuperar unos puntos de la baja popularidad de este Gobierno; a pesar de estar enterado de la grave situación en la que se encuentra el IESS, a través de sus delegados al directorio, publicaciones de entidades conocedores del tema, estudios de organismos como la OIT y especialmente el último de ellos, el Diagnóstico del Sistema de Pensiones elaborado por técnicos del Banco Mundial, en los cuales no dan más de dos años de vida al sistema de pensiones, pues ya está en terapia intensiva.
Desgraciadamente este Gobierno nos deja un trago amargo de su gestión con la Seguridad Social, hubiera sido meritorio que por lo menos no tome acciones en perjuicio del IESS, que deje al día el pago del 40 % del aporte del Estado a la seguridad social y conciliada la deuda por varios conceptos; ¿es mucho pedir eso?
No tengo nada en contra de los profesionales de la docencia, que han sido marginados por siempre de beneficios y reconocimientos por su noble labor; pero esta reforma es inviable, demagógica y un engaño a los maestros, por lo mencionado anteriormente y por cuanto todos sabemos que el fisco tiene un déficit superior a los 4 000 millones de dólares, al que se sumaría, según EL COMERCIO de 21 de abril, unos 3 000 millones, aproximadamente el 10 % del presupuesto general, por todos los beneficios de esta reforma.