En momentos que estamos siendo azotados por la pandemia covid-19 y como consecuencia de esta, una descomunal crisis económica sin parangón en nuestra vida republicana, que aún los expertos no logran descifrar sus consecuencias, el Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional una propuesta de Ley Económica urgente, en la cual se pretende conseguir la solidaridad, particularmente del ciudadano del sector emprendedor del país; creo que es oportuno y si de ser solidarios se trata, los gobernantes de turno deben analizar a un sinnúmero de instituciones públicas creadas en la década pasada y procurar su eliminación, entre muchas otras, ¿será que aportan en algo al desarrollo del país?: El Instituto para el Talento Humano, El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, La Corporación de Desarrollo para Pueblos Montubios, La Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva, El Comité Nacional de Límites Internos, La Secretaria Nacional de Límites Internos, El Instituto de Provisión de Alimentos, El Instituto Nacional de Saberes y Ciencias Ancestrales, La Corporación Ciudad Eloy Alfaro, El Instituto de Eficiencia Energética, El Instituto Espacial del Ecuador, La Corporación de Seguro de Depósitos, La Secretaria Técnica del Sistema de Cualificaciones Nacionales, La Empresa Pública Importadora, La Empresa Pública de Habitad, El Instituto Antártico Ecuatoriano y muchos más, constituidos en organismos burocráticos para el piponazgo; además, se debe repatriar a un sinnúmero de burócratas diplomáticos, eliminar zonas y distritos y volver a las direcciones provinciales.
De la misma manera los GADs locales deberán suprimir una serie de Empresas Públicas improductivas y burocracia inútil que lo tienen para pagar favores políticos. En tiempo de crisis no vendría mal al país ahorrarse en burocracia inútil y destinar recursos para encender el aparato productivo.