El Ecuador tiene la capacidad para gobernarse a sí mismo según la Constitución y las leyes con las autoridades correspondientes. Así ha procedido durante la mayor parte de la vida republicana. Este comportamiento político se ha deteriorado en estos últimos años por la concentración arbitraria de poderes en una sola persona.
El país ha optado por la clásica división de poderes dada por Montesquieu, hace más de 200 años. Las funciones esenciales son legislar, ejecutar y juzgar. La inobservancia de este ordenamiento genera diversas formas de despotismo. El Poder Legislativo tiene como deber elaborar las leyes que rigen en la República. La ley debe contemplar las manifestaciones de la población desde la conducta individual hasta la colectiva y ser garantía de la convivencia pacífica; la ley es un instrumento para ordenar, prohibir y castigar la ejecución de actos personales y públicos. Los legisladores deben ser personas versadas en conocimientos y practicantes de un acendrado patriotismo.
El Estado carece de Poder Legislativo competente y está muy lejos de estas consideraciones generales. La crisis y la corrupción están presentes. Los principios y los enunciados doctrinarios son expresiones que se violan a cada instante al primar los intereses. Los legisladores olvidaron sus deberes. El Poder Legislativo requiere cambios para hacer leyes adecuadas y procedentes.