El debate en torno a la minería a gran escala empieza sobre hechos consumados. Los grupos de oposición se han movilizado cuando ya está firmado el primer contrato. Y la mayoría de ciudadanos se mantiene como observador, recibiendo mensajes simplistas desde el lado oficial y de la oposición.
El Gobierno argumenta que la firma del contrato con la china Ecuacorriente es positivo porque deja al Fisco la mayor renta minera del mundo, es decir, deja más plata para seguir gastando. Con ese argumento ya no debiera esperar la explotación del campo ITT, en el Yasuní, porque lo que se busca es más plata.
Otro mensaje es que se necesitan grandes recursos para financiar el desarrollo, un argumento sobre el cual hay mucho que debatir. Primero, porque no ha existido ningún debate sobre el modelo de desarrollo, ya que simplemente se aplica el modelo que se ha definido entre las cuatro paredes de la Senplades. Y segundo, porque ya hace falta debatir sobre cómo se gastarán los recursos del ‘boom’ minero, para no repetir los errores del ‘boom’ petrolero de los 70.
En materia ambiental, las garantías que ha pedido el Gobierno a las empresas pudieran ser insuficientes si no existen instituciones sólidas que realicen un control efectivo. Y para un país sin experiencia en minería a gran escala, este punto resulta fundamental para evitar que las diferencias con las empresas terminen en tribunales de arbitraje internacional.
Desde la oposición se argumenta que la minería en otros países no ha generado desarrollo, lo cual es creer que el desarrollo es posible en países monoproductores.
Las advertencias sobre daños ambientales, como lo sucedido con el petróleo en décadas pasadas, no toman en cuenta que hay empresas que se manejan con altos estándares de responsabilidad empresarial, aunque a la par se requiere de altos controles de las entidades estatales y de las comunidades involucradas.