Darwin Seraquive (der.) participó ayer de la recolección de firmas en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El Comité por la Institucionalización Democrática se impuso un plazo de tres meses para reunir 450 000 firmas, que respalden su propuesta para una reforma parcial a la Constitución y, así, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Ese número supera en 317 000 las que requiere toda iniciativa ciudadana antes de ser enviada a la Asamblea para ser tramitada, según la Constitución. Para lograrlo, este colectivo necesita recolectar al menos 5 000 por día, hasta diciembre de 2019.
Desde el mediodía de ayer (jueves 5 de septiembre de 2019), tres brigadas se activaron en el norte de Quito en busca de las firmas que, además, esperan reunir en la mitad del plazo de seis meses (180 días), que le concede la ley.
Darwin Seraquive, integrante del Comité, indicó que esta cruzada se extenderá también a Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Manta, Portoviejo y Santo Domingo. Apuntó que hay cerca de 300 voluntarios que conforman las brigadas.
Para sumar esfuerzos, ayer se lanzó la plataforma digital Actúa, en la que se podrán inscribir más interesados en la recolección de firmas. Esa plataforma también permitirá colaborar económicamente con la propuesta.
Pablo Dávila, exintegrante del Consejo de Participación transitorio y coordinador del Comité, calculó que la recolección de cada firma costaría entre USD 1,50 y USD 3. Ese valor cubre seguridad, movilización y alimentación de los brigadistas.
56 firmas en la Asamblea
Casi al mismo tiempo que la tarea del Comité arrancaba, la mayoría parlamentaria compuesta por Alianza País (AP), Creo y dos facciones de bloques independientes concretó el primer paso hacia una enmienda para que la competencia de designar autoridades de control regrese a esta Función del Estado.
El documento fue presentado en la ventanilla de Gestión Documental del Parlamento, por Elizabeth Cabezas (AP) y Wilma Andrade (ID), con el respaldo de 56 firmas que fueron recolectadas en medio del Pleno.
“Una enmienda es un mecanismo mucho más ágil para poder procesar este cambio constitucional”, adujo la asambleísta Cabezas.
A diferencia de una iniciativa ciudadana de reforma constitucional, una enmienda promovida por la Asamblea no requiere que sea sometida a referéndum.
El proyecto de la Legislatura cuenta con el respaldo de casi todas las bancadas, menos del correísmo. Héctor Muñoz, asambleísta de SUMA, consideró que la Asamblea protagonizaría “un papelón” si la Corte Constitucional (CC) determina que ese cambio no se puede dar mediante una enmienda.
El documento será remitido la próxima semana por el presidente de la Asamblea, César Litardo, a la CC para su dictamen de procedibilidad.
Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, tomando en cuenta los plazos que se ha puesto el Comité y los que establece la Ley, la probabilidad de que ambos proyectos coincidan en la Asamblea es alta.
En ese caso habría dos escenarios. El primero es que se resuelva limitar las funciones del Cpccs y que la propuesta del Comité sea eliminar un Consejo de Participación ya sin la atribución de designar autoridades.
El otro escenario es que el Legislativo deje insubsistente su proyecto de enmienda tras la convocatoria a referéndum para ratificar la eliminación del Cpccs.
El legislador Henry Cucalón (PSC) catalogó de “sui géneris” a esta situación. “La norma lo que prohíbe es que se tramiten dos reformas constitucionales por iniciativa ciudadana al mismo tiempo”, aclaró. El movimiento Ahora tiene un proyecto similar.
En contexto
En el Pleno de la Asamblea se reunieron, ayer, 56 firmas de respaldo a una enmienda constitucional. A su vez, el Comité por la Institucionalización Democrática activó brigadas y una plataforma virtual en busca de apoyo a reforma parcial.