Imagen referencial. EL COMERCIO realizó este martes 12 de marzo del 2019 un recorrido por cuatro cadenas de farmacias en el norte de Quito. En dos de ellas la respuesta fue unánime y cortante: “aquí no vendemos esas cosas”. Foto: Archivo EL COMERCIO
“Aquí no vendemos esas pastillas”. Esa fue la respuesta que recibió Carolina Morales, una joven de 36 años, cuando trató de adquirir la pastilla de emergencia o del día después, en una de las grandes cadenas de farmacias de Ecuador.
El hecho se dio en el 2011. Carolina y su esposo acudieron a la farmacia para comprar este método anticonceptivo, reconocido por el Ministerio de Salud, a través del Instructivo de Implementación del Reglamento para regular el acceso a métodos anticonceptivos, Acuerdo Ministerial 2490, emitido en el 2014.
Cuando lo solicitaron, el despachador les dijo que no vendían la pastilla por “razones éticas”. “La respuesta me ofendió. Yo y mi esposo fuimos porque tuvimos un percance con el método de barrera (preservativo) que utilizábamos comúnmente. En esa época no podía tomar anticonceptivos hormonales seguido”.
Previo a la compra de la píldora, Carolina y su esposo fueron al ginecólogo para que les explique su funcionamiento, por lo que consideraron que era una opción válida. “No nos imaginamos la respuesta. Mi esposo se molestó y yo me sentí ofendida porque fue un discurso moralista”.
Ocho años después de esta experiencia, a la joven le preocupa que aún haya farmacias que nieguen la venta de la pastilla del día después a los chicos y chicas que la requieren.
EL COMERCIO realizó este martes 12 de marzo del 2019 un recorrido por cuatro cadenas de farmacias en el norte de Quito. En dos de ellas la respuesta fue unánime y cortante: “aquí no vendemos esas cosas”. No se brindó información adicional. La pregunta se hizo como usuaria, no como reportera de este Diario.
Mientras que en los otros dos locales, la atención fue diferente, ya que los despachadores ofrecieron información sobre la píldora y los precios. Oscilan entre USD 5 y 10.
En el documento emitido por Salud se explica que este método previene un embarazo y puede ser entregado a un usuario o usuaria sin importar la edad; debe ir acompañado de información sobre su utilización.
Además se aclara que no se requiere de una receta o consulta médica; tampoco es necesario proporcionar la cédula de identidad o acudir en compañía de otra persona.
Su uso es sencillo. Se debe tomar cuatro tabletas cada 12 horas, es decir, dos dosis, se explica en el documento.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), que aprobó su uso, explica que este anticonceptivo previene en el 80 y 85% de casos el embarazo, por lo que se debe tomar en las primeras 72 horas para mayor efectividad. El uso regular de la píldora no causa daño a la salud pero su eficacia disminuye.
Para la activista Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición de Mujeres, la no venta representa una “violación al derecho a acceder a un anticonceptivo hormonal“, que es legal y que consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.
“Entregar anticoncepción de emergencia es una prestación de salud pública, que es imprescindible por la cantidad de violaciones que se producen y la falla de los anticonceptivos. El ser dueños de una cadena de venta de medicamentos no los hace sujetos de objeción de conciencia”.
Una visión similar tiene Silvia Buendía, también activista por los derechos de las mujeres. En su cuenta de Twitter, Buendía señaló que se abrió un debate entre la libertad de venta de un negocio y el derecho a la salud o a decidir. Ante ello –explica- que según la normativa una empresa o negocio no puede negarse a la venta de esos anticonceptivos.
¿La razón? En el Acuerdo 2490, en el artículo 23, se dice: “los profesionales de la salud no podrán objetar conciencia ni utilizar su criterio moral, para negarse a entregar anticoncepción oral de emergencia o cualquier método anticonceptivo, pues la píldora anticonceptiva, al igual que cualquier método anticonceptivo, permite hacer efectivo el derecho a la autodeterminación reproductiva, el mismo que está respaldado por el derecho a la integridad física, a la intimidad (…)”.
Sobre el tema, María Dolores Miño, directora Ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia y docente de la Universidad Internacional, manifestó que la empresa privada tiene derecho a decidir si vende o no un producto. Sin embargo, este es un tema de salud pública, sexual y reproductiva.
En Chile, señaló Miño, se puso una acción de protección para la entrega de este método anticonceptivo. Desde el 2008 se han dado manifestaciones en rechazo a la falta de entrega de la píldora. En Ecuador sí se entrega en centros de salud públicos.
En las redes sociales, ayer, este tema empezó a discutirse. Algunas mujeres, a través de sus cuentas de Twitter, comentaron experiencias. Varias dijeron que encontraron la píldora en farmacias de barrio. Muchas lamentaron que las mujeres deban recorrer varios establecimientos en busca de este fármaco. Incluso médicos como Esteban Ortiz pusieron el caso en manos de la ministra de Salud, Verónica Espinosa.