La Policía incorporó ayer a cuatro generales, lo cual puede ser un signo de que la “desmilitarización” de la estructura de esa institución sigue en el discurso, tras el Decreto que delimitó a esa institución a tareas operativas, y dejó lo administrativo y financiero en manos de civiles del Ministerio del Interior.
Y si la bien Policía no se desmilitarizó, en cambio las tareas policiales se militarizaron, si se toma nota de la información del Comandante de la Fuerza Terrestre: desde finales del año pasado, el 80% del personal militar ha participado en 17 000 patrullajes antidelincuenciales (un promedio de 70 diarios) en diferentes ciudades del país.
Algo no cuadra, o al menos no queda claro cuáles son los planes del Gobierno que, pese a contar con todos los recursos y los diagnósticos, no ha podido a lo largo del paso de tres ministros darle un norte a la Policía. No se ha vuelto a oír sobre la Policía de vocación comunitaria ni de la creación de una unidad técnica para la investigación del delito.
Ayer se presentó un plan policial que incluye la investigación de actos de corrupción, la transparencia de la gestión, un sistema de recepción de denuncias y el controvertido uso del polígrafo. Pero todos esos medios no sustituyen la falta de líneas claras para el trabajo policial a futuro.
Y eso no será posible mientras la Policía siga siendo blanco de una revancha institucional y los criterios políticos predominen sobre los técnicos. La sombra del 30-S sigue proyectándose sobre una institución crucial para toda sociedad, más cuando hay la oferta de vencer a la delincuencia.