Ciudadanos venezolanos formaron largas filas para entrar a Perú antes de las 00:00 de este 25 de agosto del 2018. Foto: EFE.
La organización no gubernamental Human Rights Watch pidió que se adopten “estrategias multilaterales contundentes para abordar las causas que provocan que tantos venezolanos se vayan de su país”.
Su director ejecutivo, José Miguel Vivanco, remitió este martes 4 de septiembre una carta a los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos.
En el texto les sugiere “adoptar y aplicar sanciones específicas, como la inmovilización de activos y la cancelación de visas, dirigida contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves violaciones de derechos humanos, y promover que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos”.
Señala que “la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela genera una multiplicidad de factores que provoca que los ciudadanos venezolanos huyan del país y que no puedan o no deseen regresar”.
Ante esta situación, Human Rights Watch también recomienda que los gobiernos de América consideren adoptar medidas como “un régimen de protección temporaria para toda la región, que otorgue estatus legal a todos los venezolanos, incluida una autorización para trabajar y la suspensión de las deportaciones, durante un período fijo, pero renovable, al menos mientras se resuelvan los reclamos individuales de protección”.
Además de “un mecanismo regional para distribuir de manera equitativa las responsabilidades y los costos asociados con los flujos migratorios, incluido el traslado seguro, ordenado y voluntario de refugiados y solicitantes de asilo entre los países receptores, en función de su capacidad de acoger, registrar e integrar a estas personas”.
La misiva se conoció en momentos que delegados de una docena de países discutían en Quito una estrategia para responder al éxodo migratorio que se origina en Venezuela. Y en la víspera de que este problema también sea analizado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).