El miércoles, Fernando Alvarado fue localizado por la Policía en Manta y llevado a Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado llevará un dispositivo de vigilancia electrónica en su tobillo mientras la Fiscalía indaga un supuesto peculado en la contratación y producción de 200 enlaces ciudadanos.
El uso de este aparato de localización es una de las tres medidas cautelares que dictó la jueza Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia, en la audiencia de formulación de cargos que finalizó la madrugada de ayer, 9 de agosto del 2018, en Quito.
Las otras dos medidas contra Alvarado, quien llegó al país de visita el lunes, son la prohibición de salir del país y su presentación cada 15 días en la Corte Provincial del Guayas.
Ayer, el abogado del exfuncionario explicó que la colocación del dispositivo se realizó en la Unidad de Flagrancia de Quito y que tras este procedimiento su cliente regresó a Guayaquil, en donde cumplirá las órdenes judiciales.
Por el momento, el jurista dijo que no solicitará una revisión de las disposiciones de la jueza. “Ha habido coherencia de la Fiscalía al no solicitar la prisión preventiva”, agregó.
Pero durante la audiencia, en cambio, Jarrín calificó como excesivo el uso del grillete electrónico. Y resaltó que su cliente fue quien solicitó a la Fiscalía que lo convoque para rendir su versión en el caso.
En esta misma audiencia, la fiscal Ruth Palacios presentó como evidencia en contra del exsecretario un informe de la Contraloría (DNA4-004-2018). Allí se examinaron las 200 sabatinas y se establecieron aparentes irregularidades dentro de la Secretaría de Comunicación (Secom).
Según la Fiscal, el perjuicio para el Estado por supuestos malos manejos fue de USD 250 240. Aunque para el abogado de Alvarado, de haber existido un perjuicio, este sería menor a los USD 78 000.
En el informe de la Contraloría se dice que, por ejemplo, en el 2014, la Secom contrató, a través de la figura de servicios profesionales, a una persona que se encargaría de aspectos técnicos y audiovisuales para los enlaces ciudadanos.
Sin embargo, la contratación del proveedor se hizo sin justificar su experiencia en el área y sin fundamentar la necesidad de ese tipo de servicios.
Según este profesional, su trabajo consistía en monitorear los medios de comunicación que son opositores al Presidente, entre estos, por ejemplo Ecotel TV, en Loja, dijo.
El profesional respaldó su experiencia en el área a través de un título de Bachiller en Ciencias Químicas y adjuntó un certificado laboral firmado por el gerente de la empresa Gota Azul Producciones, con quien la Secom había firmado contratos para la producción de los enlaces ciudadanos. Además, el proveedor sacó su RUC después de ser contratado cuando esto era prohibido.
Otra anomalía que señaló la Fiscalía en la audiencia fueron los pagos sin justificación que la Secom hizo a contratistas.
En el 2014, la entidad celebró un acuerdo con una empresa para el montaje de 35 sabatinas por un total de USD 1,1 millones. Pero adicional a este rubro, la Contraloría halló que se cancelaron USD 269 768 sin señalar cuáles eran los motivos.
Sobre el proceso de selección de los contratistas, los investigadores detectaron que faltaba la documentación de las ofertas presentadas. Por eso no se pudo establecer si las empresas escogidas por la Secom eran las mejores ofertas para el interés del Estado.
En la producción de los enlaces también se halló que la Secom pagó valores que no estaban contemplados en los contratos. Por ejemplo, hay un desembolso de USD 62 225 por trasporte, cuando este servicio debía estar incluido en los contratos por servicios de montaje de los enlaces.
Hasta ahora, Alvarado es el único funcionario procesado penalmente por estas aparentes irregularidades. Sin embargo, en el informe de la Contraloría se mencionan a otros exservidores que ocuparon puestos como la Subsecretaría de Medios Institucionales, Subsecretaría Nacional de Comunicación, entre otros.