Los miembros de la Veeduría de Muertes Violentas de Santo Domingo de los Tsáchilas esperaron ser atendidos por la Mesa de Justicia que sesionó ayer en la provincia.
Los integrantes del grupo permanecieron, de rodillas, hasta pasado el mediodía en los exteriores de la casa judicial, en el sector Los Pambiles. Según el vocero del colectivo, Manolo Alcívar, no se les permitió ingresar a la reunión que se desarrolló en ese lugar.
Las 20 personas que pidieron ser escuchadas llegaron con pancartas y fotos de sus familiares que fueron asesinados y cuyos casos “no han sido resueltos por la justicia”, comentó Alcívar.
La Veeduría se creó en marzo pasado tras el asesinato de una adolescente de 16 años, que fue víctima de la delincuencia.
La menor iba camino al colegio cuando dos desconocidos la interceptaron para robarle la cartera. En el atraco se escuchó un disparo y ella murió.
Desde ese crimen, la Veeduría se ha convertido en una especie de buzón de denuncias. Hay 43 familias que buscan, por medio de la vocería, que se haga justicia y que los casos no queden en la impunidad.
Ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, dijo que nueve de los casos ya están en investigación y los otros 391 que fueron recibidos ya han sido resueltos.
Jalkh también anunció que las actuaciones de tres jueces y de un fiscal de Santo Domingo serán investigadas. A los judiciales se los acusa de presunta omisión, retrasos injustificados y negligencia en el desempeño de sus funciones.
Desde el 2011, la Unidad de Control Disciplinario del CJ ha abierto 10 expedientes contra judiciales de la tierra tsáchila. De ellos, dos fueron destituidos, dos suspendidos, dos multados, un amonestado y tres absueltos.
Pero los casos de muertes violentas son los que preocupan a la ciudadanía y los que han despertado la alerta entre la población de la provincia. En Santo Domingo, entre enero y abril del 2014, se han reportado 25 asesinatos. En el mismo período del 2013 fueron 28.
El comandante encargado de la Policía en la urbe, Alexander Silva, dijo que en marzo pasado se registraron 12 muertes violentas, cuando en el mismo mes del 2013 se reportaron siete.
El oficial informó que la seguridad se ha reforzado con 150 hombres de los grupos élites de la Policía. Ellos apoyan los operativos en lugares de mayor conflicto y en los que se han denunciado más crímenes.
En la reunión de Justicia, también se acordó la creación de un Sistema Automatizado de Entrega de Información a la Función Judicial. Este nuevo esquema de trabajo “suprime el uso de papelería y optimiza los tiempos de atención”.
Esto permitirá que se entreguen los videos de delitos que el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 capta en todo el país y los entregue a la Fiscalía automáticamente.
Esto permitirá que se agilicen los trámites investigativos y los tiempos procesales en cada uno de los casos.