Tres organismos internacionales de prensa cuestionaron ayer duramente las millonarias demandas que el presidente Rafael Correa planteó en contra de diario El Universo y de los autores del libro ‘El Gran Hermano’.
A las alertas que dio el jueves Human Rights Watch, se sumaron las de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).La SIP calificó de “abusiva, aberrante y extralimitada” la actitud de Correa de entablar una querella por injurias calumniosas contra tres directivos de ese diario y su editor de Opinión, Emilio Palacio, pidiendo hasta tres años de cárcel y una indemnización de USD 80 millones.
“No nos sorprende esta actitud”, dijo el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, al tiempo de recordar que Correa “siempre busca mecanismos para censurar a los medios o que estos se autocensuren”.
Para Marroquín, la demanda entablada por Correa, a la que se suma la planteada contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, “es un abuso de privilegios, ya que como funcionario público debe ser tolerante a la crítica como lo establecen principios de libertad de expresión en los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano firmó”.
El copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo estar preocupado por la decisión que “podrían tomar los jueces, si estos no fueran independientes o estuvieran sometidos al poder político”. Para la SIP , “sin independencia judicial tememos que cualquier juicio por más absurdo que parezca, prospere”. “Sin prensa libre jamás podrá haber verdadera democracia”.
Reporteros Sin Fronteras envió una carta a Correa, firmada por su secretario general, Jean-François Julliard. La organización dijo estar “preocupada por las consecuencias de estas acciones y por los reclamos, a nuestro parecer excesivos, que usted hace”.
En la carta, Reporteros Sin Fronteras dice reconocer, sobre la demanda contra El Universo, el nivel “de extrema virulencia” del columnista Palacio.
“Sin citar nunca el nombre de usted (Correa), el articulista menciona al ‘dictador’ y habla de “crímenes de lesa humanidad”. “No negamos la gravedad de las acusaciones contra usted”. “No obstante, consideramos que estos procesos son muy peligrosos para la libertad de expresión”.
Finalmente, Reporteros Sin Fronteras se muestra confundido por el carácter de las demandas. “Usted ha afirmado reclamar justicia no como Presidente, sino a título personal”. “Sin embargo, sus detractores se dirigen a usted como Jefe de Estado”.
La crítica, incluso la más radical, concluye la carta, es una característica de toda democracia.
Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, entidad con sede en Nueva York, también emitió una dura reacción. “Cuando inició su carrera política, Rafael Correa eligió en forma voluntaria ser sometido a la crítica y al escrutinio público”. “Es indignante que el Presidente coloque su propia reputación delante del interés nacional de asegurar un vigoroso debate público”. En ese sentido, CPJ instó al Presidente no solo a retirar la demanda sino a colaborar con la Asamblea Nacional a eliminar las disposiciones penales sobre difamación que contradicen estándares internacionales sobre libertad de expresión”.
Según las investigaciones que ha realizado el CPJ, las disposiciones penales sobre difamación en Ecuador “han sido utilizadas sistemáticamente para castigar a periodistas críticos”.