Fernando López Milán, sociólogo.
¿Qué concepto tiene su conglomerado sobre la propuesta del Gobierno de bajar a 16 años, la edad para la imputabilidad penal?
En principio, es una de las peores respuestas que pueda dar el Estado a un problema como el delito entre adolescentes, que como sabemos es una respuesta a situaciones de inequidad social y de ausencia del Estado en sectores marginales. En términos jurídicos daríamos un retroceso en los logros como país en derechos humanos y se iría contra la normativa internacional que como país ha firmado y ratificado.
Bajo el argumento de la violencia que afecta al país, a la Asamblea llegaron propuestas que pedían juzgar a niños y adolescentes como si fuesen adultos. ¿Es factible?
No. Pretender juzgar a un niño de 10 años es un absurdo. Cuando hablamos de adolescentes, aún son muy proclives a las influencias y pueden ser utilizados por el crimen organizado. Allí la responsabilidad no recae sobre el chico, sino en quien lo utiliza. Pero eso no quita que el adolescente también deba responder sobre un acto indebido.
¿Se solucionaría el delito entre los adolescentes al endurecer las penas?
El problema del adolescente en conflicto con la ley penal no puede resolverse desde lo punitivo, sino preventivo. El Estado debería incidir en los factores, sobre todo sociales, que promueven el delito. ¿Es posible que un chico pueda reintegrarse socialmente, como exige la Constitución, si le juzgo como adulto y le mando a una cárcel donde sería violado, golpeado y extorsionado?
¿Cuál sería la salida?
Está probado por la neurociencia que la única manera de generar comportamientos positivos es enfrentando a la gente a experiencias positivas. Pero si al adolescente se le encierra en una cárcel donde hasta le violan, saldrá con un odio brutal. Probablemente, si ahora robó, después va matar y violar.
También se propone subir de cuatro a seis años el internamiento de los menores.
El Estado, pese a las fallas del sistema social, responde con el castigo. Así se quiere justificar la ineptitud para resolver los problemas sociales y la ineficacia del sistema de justicia. Más bien se debería preguntar si ahora es difícil atenderlos en los centros en condiciones de hacinamiento, cómo será si los retenemos dos años más.
¿Serán una solución las medidas socioeducativas que propone el Gobierno?
La legislación nacional y los instrumentos internacionales que el país los ha ratificado determinan que la privación de la libertad del adolescente debe ser una medida de última instancia y solo para casos muy graves y por el menor tiempo posible. Pero en el proyecto, el internamiento se mantiene como medida de primera instancia y con mayor rigor.
¿Está bien concebida esa iniciativa socioeducativa ?
En Ecuador se llaman medidas socioeducativas tanto a la privación de la libertad como a las alternativas. En otros países, el internamiento o la prisión del adolescente no son considerados de rehabilitación. Actuamos sobre la manifestación del problema y no sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la gente.
¿Pero estas medidas socioeducativas no se contraponen con la propuesta de bajar la imputabilidad penal a 16 años de edad?
Por más centro adecuado que sea, sigue siendo un sitio donde los chicos están encerrados y allí se generan situaciones de violencia. Por más socioeducativo que se diga, el internamiento no lo es.
HOJA DE VIDA
Fernando López Milán
Su experiencia. Sociólogo. 15 años de experiencia en temas de niñez. Director de Defensa de los Niños (DNI-Ecuador).
Su punto de vista. Lo óptimo no es mandar a los adolescentes a la prisión. Hay que darle alternativas.