Independientemente de si Vinicio Alvarado desistió de su demanda por magnanimidad o por cálculo político, el caso de Mónica Chuji es un mensaje para los paniaguados que cuando estalló la demanda en contra de Emilio Palacio se dedicaron a examinar si lo dicho por el columnista estaba más acá o más allá de lo “legal”, en lugar de defender el concepto de la libertad de expresión a rajatabla.
La condena a Chuji a un año de cárcel y USD 100 000 es tan desfachatada que desnuda la estupidez de quienes se pusieron a ver si el autor de la columna “No a las mentiras” se había excedido un poco más o un poco menos de lo que la ley permite , en lugar de condenar de plano la pretensión de criminalizar la opinión. Esa condena, por haber calificado como nuevo rico a un funcionario, es tan descarada que obligatoriamente conduce al debate sobre cómo interpretar lo dicho por Chuji. Y cuando entra en juego la interpretación, entra en escena el abuso de poder.
Que se le fue la mano, decían unos, que se la buscó Palacio agregaban otros. Paniaguados, tristes sastrecitos que le hicieron un daño irreparable a la defensa de las libertades civiles en este país.
En lugar de defender el derecho que debe asistir a todo ciudadano a opinar sobre cualquier asunto o funcionario público, y a obligar a estos a respetar ese derecho se pusieron a tratar de establecer si Palacio se había apartado uno o dos centímetros de lo que supuestamente dice la Ley. La misma Chuji, con su silencio frente al atropello a Palacio, sembró la semilla del abuso que ahora la agobia.