Desde el 2007, los reportes sobre la situación de la libertad de expresión y prensa en Ecuador han sido preocupantes. El Gobierno ha sistematizado sus ataques contra los medios privados.
Desde que se convirtió en figura pública, a mediados del 2005, Rafael Correa no ocultó su antipatía por la prensa ecuatoriana. En ese momento, casi todos los medios eran privados y los gobiernos que se habían turnado en el poder desde 1979 habían tenido una fallida política comunicacional. El catedrático colombiano Omar Rincón diría que hasta entonces no se había iniciado la era de los ‘telepresidentes’.La campaña del 2006 marcó una tregua. Correa, como candidato, encontró en la prensa un espacio plural para difundir su discurso de la revolución ciudadana y de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Pero ya en el poder, su antipatía por la prensa se convirtió en una política de Gobierno. Han pasado más de cuatro años y el balance sobre la situación de la libertad de prensa en el Ecuador resulta más bien negativo.
Los reportes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así lo sugieren. La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión señaló que mientras en el 2006 se reportó un solo caso de violencia contra la prensa en Ecuador, en el 2007, las alertas llegaron a 13. En el reporte del 2009 el informe sobre la situación en Ecuador fue de 10 páginas, que incluyeron reportes de una veintena de hechos contra la prensa: declaraciones, detenciones y agresiones, etc.
El informe recomendaba a “los agentes del Estado procurar disminuir el nivel de riesgo de las personas más amenazadas y adoptar mecanismos eficientes de protección”.
Un año después la situación no ha variado. El Informe 2010, que la CIDH hizo público hace pocas semanas, criticó el uso de las cadenas nacionales para refutar en duros términos a periodistas que han generado información y opinión críticas del Gobierno, como práctica recurrente. En el punto 206 del extenso documento, la Relatoría Especial “reitera la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones”, como elementos esenciales para fortalecer a una sociedad democrática.
Y aunque el canciller Ricardo Patiño dio poca importancia a este pronunciamiento, los reportes de la Relatoría explican el vertiginoso deterioro de la relación entre el Gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación.
Desde el 2007, las cadenas de los sábados se convirtieron en espacios de críticas mordaces y excesos verbales hacia el trabajo de la prensa. Al tiempo que Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), aún espera que los llamados medios públicos en el Ecuador se conviertan en un pilar de la democracia, con la vigencia de una ley que defina su papel en la sociedad y que se determine con claridad quiénes van a dirigir sus contenidos.
Desde el 2007, cuando comenzó el interés del Gobierno por dar forma a una prensa pública, este ha sido un capítulo tortuoso. Cornejo recuerda que no todos los medios que maneja el Gobierno tienen el membrete de públicos. Aquellos que la Agencia de Garantías de Depósitos embargó en el 2008, siguen bajo el poder económico y político del Gobierno, sin que exista una fecha clara de cuándo serán vendidos. Esto a pesar de que el presidente Correa dijo, hace casi tres años, que no estaba interesado en conservarlos.
La Ley de Comunicación también se convirtió en un espacio de confrontación entre el oficialismo y la oposición. Tal fue la polarización, que el proyecto no pudo avanzar en la Asamblea Nacional. Las bancadas críticas han insistido que la pretensión de Correa es amordazar a la prensa.
Esta tesis ha tomado fuerza desde la actitud poco tolerante del Régimen con la opinión pública. Los hechos del 30-S motivaron al Gobierno a suspender la señal de los canales privados obligándolos a enlazarse a la señal pública, donde solo pesaba la voz oficial.
A partir de entonces, el enfrentamiento hacia los medios ha sido de todos los días. En las últimas semanas, el Presidente demanda a dos periodistas, a un articulista de opinión y a los directivos de diario El Universo por daño moral, con una cifra global que llega a los USD 100 millones.
Estos hechos generaron el reclamo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch, Reporteros Sin Frontera y el Comité de Protección de Periodistas.
Correa ha dicho además que su principal adversario en esta campaña por la consulta, que incluye dos preguntas polémicas sobre la prensa, han sido los medios. De esta manera, el panorama sobre la libertad de expresión en el Ecuador parece no mejorar. ¿Qué pasará hasta el próximo 3 de mayo?
LAS FECHAS CLAVES
Los enlaces sabatinos. Desde el 20 de enero del 2007, Correa abrió este espacio, donde las críticas a la prensa han sido la tónica. Se han producido 219 enlaces.
Medios públicos. Ecuador TV fue el primer medio estatal que gestionó el Gobierno. Fue en octubre del 2007 con USD 5 millones, con ayuda de Venezuela.
La Constitución. Entre diciembre del 2007 y octubre del 2008 se redactó la Carta Política de Montecristi. Aquí se dispuso la promulgación sobre un Ley de Comunicación reguladora.
La incautación de los medios. La AGD se incautó, el 8 de julio del 2008, de tres canales de TV y otros medios de los banqueros Isaías. Correa ofreció venderlos.
Cadenas vs periodistas. Desde agosto del 2009, el Gobierno multiplicó la interrupción de la señal de los noticieros con cadenas desafiantes contra los periodistas.
El cierre a Teleamazonas. El 22 de diciembre del 2009, la Superintendencia de Telecomunicaciones cerró 3 días a Teleamazonas, por un reportaje que publicó.
Las estadísticas de los insultos. La fundación Ethos contabilizó 170 insultos que Correa profirió contra los medios, periodistas y políticos en sus cadenas durante el 2009.
La ley de medios. Entre septiembre del 2009 y julio del 2010, la Asamblea se entrampó en el debate de la Ley de Comunicación, sin lograr acuerdos políticos.
El 30 -S. El día en que un sector de la Policía se sublevó contra el Presidente, el Gobierno dispuso una cadena oficial única e ininterrumpida por varias horas.
La consulta popular. En enero pasado, el Ejecutivo incluyó dos preguntas sobre inversiones en los medios y sobre contenidos. El debate ha sido polémico.
Los juicios por daño moral. En marzo y abril, Correa demandó a los autores del libro ‘El Gran Hermano’, a un editorialista y a los directivos de El Universo, pidió millonarias indemnizaciones.
Incidentes con ciudadanos. En la campaña, dos ciudadanos fueron detenidos y otros agredidos. Correa dijo que atentaron contra la majestad del poder.
Las credenciales a El Universo. El Régimen decidió no entregar a El Universo las credenciales de cobertura, alegando que no rectificaron una noticia.
PUNTO DE VISTA
‘Libre para investigar’
Patricia Estupiñán de Burbano. Editora General de Revista Vistazo.
Gracias a la libertad de expresión pude comenzar mi carrera como reportera. En esa experiencia, me di cuenta de que necesitaba una educación más sólida que la impartida en la Escuela de Comunicación. Por lo que decidí ir a Estados Unidos y consolidar mis conocimientos para ejercer el periodismo político.
A mi regreso, por la libertad de expresión, pude participar como investigadora de muchos casos polémicos. El de la lotería provincial La Quiniela en su momento fue muy difícil e incluso me costó un juicio de imprenta. Al final, establecimos que tenía unos vínculos con Pablo César Farías. Eventualmente la Quiniela quebró y no cumplió porque tenía un origen que no era el adecuado.
Otro caso fue el de la crisis bancaria. Fuimos profundizando en los balances y descubrimos cómo los banqueros que quebraron habían prestado el dinero de los depositantes a sus propias empresas. Sin una prensa libre esas cosas no se podrían denunciar. Sin libertad de expresión viviríamos en un círculo cerrado.
La prensa está para tratar de llegar a la verdad. Y esto es algo complejo. A mí me encanta el ejemplo de Sócrates, que pone a la verdad como una cebolla. Hay que ir pelando sus capas para llegar al corazón.
El problema es que el poder tiende a ocultar la verdad, porque el conocimiento es poder. Mientras más gente crítica exista en la sociedad, exigiremos mejores gobiernos.
La investigación y la ética deben acompañar a la libertad de expresión. Hay que recordar que los derechos de uno terminan cuando infringe los del otro. El periodista no debe interesarse en escarbar por algo malsano la vida de nadie.
Solo en el caso de los personajes públicos es importante, porque los actos que cometan en privado pueden incidir en su vida pública. Un político que miente sobre su situación en privado ¿por qué no va a mentir en público?
En un país como el nuestro donde no ha funcionado la justicia, el último recurso para la sociedad han sido los medios. Los periodistas somos el puente entre sociedad y poder. Somos la orquesta que toca en la fiesta y no puede salir a bailar.
Si viviera en un Estado sin libertad de expresión, no habría podido lograr ninguno de los temas periodísticos que he investigado. A todo el mundo le encanta la verdad desnuda, siempre y cuando sea la verdad del otro.