Según el Consejo de la Judicatura, las diligencias se dan en un plazo promedio de 42 días después de que los usuarios presentan las impugnaciones. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Las puertas de los juzgados se abren cada 45 minutos. Desde las 08:00 hasta las 15:00, conductores y agentes de tránsito ingresan a las salas para resolver las impugnaciones por infracciones en las vías. Entran a las audiencias con fotografías y videos en sus manos. Otros llevan documentos o van acompañados de testigos. Son evidencias que presentan ante los jueces para que determine si se cometió o no la infracción. Esas escenas se repiten de lunes a viernes en las unidades judiciales de Quito.
Pero, ¿cuánto tiempo esperan las personas para que se fijen las fechas de las audiencias?
Según el Consejo de la Judicatura, las diligencias se dan en un plazo promedio de 42 días después de que los usuarios presentan las impugnaciones. Sin embargo, en los juzgados hay causas que no se resuelven pese a que han pasado más de cuatro meses desde que se emitió la infracción.
Uno de esos casos es el de Yajaira Rodriguez. Ella fue sancionada el pasado 18 de mayo por hablar por teléfono mientras manejaba, pero impugnó al día siguiente pues dice que lo hacía con manos libres. Luego conoció que la audiencia fue fijada para el 23 de noviembre, es decir seis meses después.
Nelly Simbaña, otra conductora, también señala que su trámite ha demorado. Ella impugnó una falta el pasado 4 de octubre. Tres meses después aún no tiene fecha para la audiencia. Cada semana ingresa al sistema de la Función Judicial y no hay respuesta.
Las demoras en estos trámites son conocidos por la Defensoría Pública. Otto Aguilar trabaja en la Unidad Judicial de Tránsito del norte de Quito. En una carpeta verde guarda los casos que están represados y calcula que aproximadamente hay unos 50 expedientes. Según él, las demoras se agudizaron en el último año.
Antes los trámites se resolvían en máximo tres semanas.
Eso lo corrobora el juez de tránsito, Fabián Balseca, quien fue designado por la Judicatura para que explique qué está pasando en los juzgados. Según el funcionario, los atrasos no se dan en todas las unidades. Desde el 2015, la atención a los choferes es sectorizó.
Esto quiere decir que las personas deben impugnar en los juzgados más cercanos al lugar donde se cometió la infracción. De allí, que hay más carga procesal en las unidades judiciales que están en sitios de mayor carga vehicular. Uno de esos, precisamente es el norte de Quito.
En ese sector, Balseca, admite que las audiencias se demoran. Por eso, desde inicios de enero, la Judicatura habilitó un tercer juez para que despache los procesos. En cuanto a otras unidades, Balseca afirma que el trámite es ágil. Por ejemplo, él está a cargo de sectores como la Mitad del Mundo, Nanegalito, Pusuquí, etc. En su agenda tiene audiencias fijadas hasta mediados de este mes. Por eso dice que máximo se demora tres semanas.
La Judicatura también defiende la rapidez de los procesos y detalla que de las 61 778 impugnaciones que ingresaron a escala nacional durante el 2016, el 86,1% fueron resueltas.
Pero para la Defensoría, las 8 583 que están pendientes es un número grande y por eso advierten que otro sector en dónde los trámites se demoran es en Cumbayá, al oriente de Quito. Allí, la carga procesal también es alta y los trámites duran más. Jhon Puchaicela impugnó ahí una infracción por exceso de pasajeros en octubre pasado. Pero debe esperar hasta marzo, pues ese mes se realizará la diligencia. Un tiempo similar tiene que aguardar el esposo de Sonia Bohórquez. Él fue sancionado en noviembre en la Ruta Viva por tener vidrios polarizados, pero hasta ahora no tiene fecha y los abogados dicen que posiblemente la audiencia se realice en abril.
El abogado Danny Gaibor también se queja de las demoras. A su despacho semanalmente llegan unos 100 usuarios que quieren impugnar en el sur, norte y centro de Quito. A todos les advierte que las audiencias se fijan después de tres o cuatro meses. Además explica que las demoras generan otros problemas como la pérdida de pruebas, las inasistencias de los conductores porque se olvidan de las audiencias y la acumulación de intereses en las multas. En eso también coincide la Defensoría Pública.
La entidad dice que si han existido casos en que en las audiencias tanto choferes como agentes no presentan pruebas porque se extraviaron. “Se les pierden los celulares con los que tomaron las fotos o se dañan las cámaras”, dice el defensor Aguilar. Por eso, dos agentes de Tránsito a los que consultó este Diario relataron que a diario imprimen las fotografías o las guardan en CDs o en sus computadoras. Ellos conocen de compañeros que sí han perdido evidencias.
La Defensoría también ha registrado casos de conductores que no asisten a las audiencias porque olvidan la fecha. Por ejemplo, a la señora que fue multada por hablar por teléfono se olvidó de la fecha y viajó al extranjero. Tras justificar la falta pidió una nueva audiencia y aún espera que se fije una nueva diligencia.
Pero lo que más preocupa a los conductores es el incremento de las multas por intereses. Ante esto, el director Ejecutivo de la ANT, Jhon Hill, aclara que las personas deben informar que iniciaron el trámite de impugnación.
De esta manera, las infracciones quedan suspendidas hasta que se resuelvan en las audiencias. En el Art. 237 de la ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial se establece un plazo de dos días para la notificación.
La normativa también especifica que este trámite debe ser hecho por el conductor. Esto no conocía, Luis Enríquez, por eso se incrementaron USD 40 a su multa, ya que ha esperado por más de 11 meses. De hecho, si llega a cumplir el año y la audiencia no se instala, la causa expira.