Mayra Lino se aferró con fuerzas a una caña junto a un pilar de su casa en construcción. Esta mujer de unos 45 años arrancó en llanto cuando escuchó la orden de que una pala mecánica derrumbe la vivienda.
Previamente, incluso implorando, intentó a toda costa convencer a autoridades, lideradas por el Intendente de Policía, Julio César Quiñónez, para que no destruyan su vivienda de pilares de cemento y bloques de ladrillo.Lino, respaldada por varios vecinos, trataba de explicar que ella compró ese terreno hace más de dos años y que, de a poco, fue levantando su casa, bloque a bloque. Incluso la edificación ya estaba cuando, a fines de diciembre pasado, el presidente Rafael Correa llegó a la zona y prometió acabar con las invasiones.
Pero los militares a cargo del operativo le dijeron que, por información de los mismos moradores del barrio, conocían que su construcción era utilizada como guarida de delincuentes y drogadictos. Y le dijeron que era preferible demoler en ese momento porque igual lo iban a hacer dentro de los siguientes cinco días.
El ingreso de la maquinaria pesada, y la acción de tres uniformados, obligaron a esta mujer de estatura mediana a levantarse pese a lo cual se resistía. El fuerte golpe de la pala mecánica contra el muro fue el anuncio que la casa empezaba a caer.
“Están destruyendo todos mis ahorros, malditos. Esto lo conseguí con el esfuerzo de muchos años y ustedes me lo destruyen en un segundo. Yo no tengo a dónde ir ni un marido que me mantenga”, dijo llorando en un grito lastimero.
Ocurrió ayer a media mañana, en la cooperativa Ciudad de Dios. Ese sector del noroeste de Guayaquil fue escenario de la continuación de los operativos de notificación de desalojo a sus habitantes.
En medio de un sofocante calor, y una alta humedad, unos 120 uniformados, entre policías y militares provistos con armas de dotación y escudos antimotines, controlaron el orden en el sector.
El despliegue se dio 24 horas después de que se produjeron incidentes entre habitantes de este sector, considerado de invasiones, y la fuerza pública. El miércoles por la mañana, los moradores cerraron la única calle de acceso a la zona, colocando obstáculos y quemando llantas.
La situación se tornó crítica cuando empezaron los forcejeos y agresiones entre ciudadanos y uniformados. Un protestante, que golpeó a un gendarme, fue detenido y puesto a órdenes de la Intendencia de Policía.
Por ello ayer se reforzó la tarea de las autoridades. A un costado de la polvorienta vía, que conecta a esa zona desde el relleno sanitario de Las Iguanas, había estacionados siete camiones militares, y cinco patrulleros de la Policía y de la Comisión de Tránsito. Otros recorrían las calles de la cooperativa.Una funcionaria de la Intendencia explicó que el proceso de desalojos y de notificaciones no se ha detenido desde que se inició a fines de diciembre pasado. Y que el miércoles no se ejecutó la acción planificada debido a los incidentes ocurridos.
Ayer, como parte del cronograma de trabajo establecido, se entregaron 200 notificaciones a igual número de viviendas. A sus propietarios se les da cinco días de plazo para que abandonen las casas, antes de la fase de demolición de las mismas.
Elvia Naula, moradora de la zona, mostró su preocupación. Si bien hasta ahora no ha sido notificada del desalojo de su casa, sabe que igual en cualquier momento tendrá que abandonar la misma.
“Queremos que el señor Presidente venga a dialogar con nosotros. Yo pagué a Tony Estacio por mi terreno en el 2007. Di una entrada de USD 100 y pagué, durante dos años, USD 40 mensuales. Ahora quién me va a devolver los 1 600 dólares que he gastado incluida la minuta”, se preguntó.
Gloria Vega, vecina del sector, se siente angustiada. Su preocupación mayor es que no tiene los USD 600 que solicita el Miduvi para adjudicarle una casa en Ciudad Victoria, una urbanización que construye el Gobierno a unos 500 metros del sitio. “Tengo cinco hijos, uno de ellos con discapacidad, mi esposo trabaja de guardia de seguridad y gana lo básico. No sabemos qué hacer. Además, van a ubicar a dos familias distintas en una misma casa pero de quién entonces va a ser el terreno”.
La demolición de casas, estructuras y cercas ya no es solo a las de caña y madera, en los dos primeros meses de operativos. En la zona se ven escombros de edificaciones de cemento y bloque.
Es mediodía y la inclemente temperatura no da tregua. El pesar y llanto de Mayra Lino puede más que los 34 grados centígrados promedio del ambiente. Sentada sobre los escombros de su casa intenta hallar una explicación.