Así como la libre expresión del pensamiento, recurrir a la justicia quien se considere calumniado por la prensa es también un derecho consagrado en los regímenes democráticos. Por lo tanto, aparentemente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, actuó con entera legitimidad al procesar por injurias al periodista Emilio Palacio, ex editor de Opinión y a los hermanos Carlos, César, y Nicolás Pérez, propietarios de El Universo, principal diario de Guayaquil. En la edición del 6 de febrero, un artículo titulado “No a las mentiras”, Palacio acusó al Presidente, a quien se refirió invariablemente como dictador y de crímenes de lesa humanidad.
Al criticar la intención de Correa de indultar a los policías que se amotinaron el 30 de septiembre del año pasado invocando reivindicaciones salariales –lo que Correa calificó como golpe de Estado- el periodistas escribió que un futuro presidente, tal vez enemigo del actual, podría llevarlo a los tribunales por haber mandando a abrir fuego indiscriminado y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Palacio aludía a la inesperada presencia de Correa en el cuartel sublevado, donde desafió que lo maten. Acosado, se refugió en el hospital policial, desde donde fue rescatado por tropas del ejército que el mandó a llamar. Al final la rebelión fue sofocada y dejó 10 muertos y cerca de 270 heridos.
Correa, que no se ve como un dictador y sí como un demócrata avanzado, a ejemplo de su mentor Hugo Chávez, alegó que el articulista le atribuyó, sin pruebas, “una conducta prevista por la ley penal”. Y pidió, a título de reparación, que Palacio y los dueños de El Universo fuesen condenados a pagar asombrosos 80 millones de dólares y a pasar tres años en prisión. Pero dejó también claro que más que sancionar a los responsables por una presunta calumnia, deseaba cerrar el periódico, lo cual es una nueva manifestación del endurecimiento y el cerco que viene poniendo a lo que queda de prensa libre en Ecuador.
En realidad, el juzgamiento de los acusados mostró que la Justicia es la extensión más nítida del autoritarismo chavista de Correa. La sentencia de primera instancia que los multó en “apenas” 40 millones, manteniendo el pedido de tres años de cárcel, fue tomada con la presencia de soldados armados de fusiles y de bombas lacrimógenas, en frente y adentro del Tribunal. Palacio fue prohibido de presentar pruebas en su defensa, a pretexto de no ser pertinentes. Lo más escandaloso de todo fue la conducta del juez Juan Paredes. Él había dejado el proceso después que la defensa de Carlos Pérez, uno de los socios de El Universo, pidió su separación. Reasumió, con el carácter de temporal, el martes.
En no más de 33 horas realizó la audiencia, “estudió” las 5.000 páginas de los autos y profirió una sentencia de 156 páginas. Con esto se repitió la farsa de las Cortes de todas las dictaduras, en las cuales se condena a quienes el régimen quiere doblar o destruir sin un debido proceso legal. En este caso, los condenados disponen de tres instancias para apelar. El resultado puede ser previsto desde ya, a menos que la indignación de las instituciones internacionales de defensa de la libertad de prensa se traduzca en presiones que se hagan sentir en Ecuador por la exultante reacción de Correa. “El reino del terror instalado por la prensa está acabando”, según Correa.
Magnánimo, dice que destinará la indemnización para un proyecto ambiental en la Amazonia ecuatoriana y que cuando el proceso haya concluido, retirará el pedido de prisión contra los periodistas, un acto arbitrario y coherente con su gesto por el poder dictatorial. Dicho esto se embarcó para Cuba para celebrar con sus aliados Castro y Chávez: una puñalada más contra la democracia que los tres sueñan extirpar en América Latina.