Cientos de personas esperan en las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, junto al exaeropuerto de Portoviejo, para registrarse. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
No importa la condición social. Exempleados municipales, conductores de mototaxis, propietarios de locales que lo perdieron todo, amas de casa o comerciantes informales. Todos comparten la misma fila en las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), junto al exaeropuerto de Portoviejo ahora convertido en albergue.
Desde temprano, decenas de afectados por el terremoto del pasado 16 de abril buscan registrarse para obtener los bonos de acogida, alquiler y alimentación, destinados para quienes perdieron sus casas por el sismo o resultaron gravemente afectadas.
Yahaira Pincay vive en Barranco Blanco, una localidad cercana a la capital manabita, y cuenta que desde el terremoto duerme a medias. “Tenemos que hacer guardia porque todas las paredes están cuarteadas y las réplicas no nos dejan en paz. Queremos ir a otra casa mientras reparamos la nuestra”.
En cambio Karina Correa viajó desde Junín en busca de un bono para mejorar su vivienda, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Se acercó al puesto de atención del MIES, improvisado en un patio, para mostrar algunos requisitos, entre ellos el sello amarillo de ‘inseguro’ pegado en su casa. “Se me cayeron las paredes de la sala y del baño, pero ahí seguimos viviendo”.
Hasta el pasado miércoles, 6 011 bonos estaban habilitados, es decir, estaban listos para ser entregados. 2 785 son bonos de acogida (USD 150 por seis meses), 3 062 bonos de alimentación (USD 100 por tres meses) y 164 bonos de alquiler (USD 150 por seis meses). De ese total, 4 543 ya habían sido notificados a los beneficiarios.
Pero para acceder a este y otros beneficios, como los bonos de reconstrucción del Miduvi y los créditos de BanEcuador, todos los afectados deben registrase en el Registro Único de Damnificados (RUD), como explica Julieta Arboleda, coordinadora zonal del MIES. “Hasta ayer (martes) contabilizamos más de 63 000 inscritos en todo el país”.
Un primer corte de ese registro se cierra este jueves 30 de junio del 2016. Pero Arboleda explica que la inscripción continuará. Levantar esa base de datos es una de las tareas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que cuenta con el respaldo del MIES.
En una primera fase se sumó a todos quienes permanecían en albergues. Hasta ahora el MIES reporta 6 726 albergados, agrupados en 1 755 familias. Solo en Portoviejo hay 1 100 personas en campamentos, mientras que en Pedernales la cifra llega a 2 091 en tres refugios.
“Quizá muchos se preguntan por qué no se reflejan los más de 63 000 inscritos del RUD en la entrega de los bonos, y es porque la zona más crítica en la provincia fue el norte. En Pedernales hay pocas casas que pueden dar acogida o que estén aptas para alquilar. Por eso están los albergues”.
Ignacio Quimís viajó desde la parroquia Julcuy, en el cantón Jama. Llegó a las oficinas del MIES cerca de las 09:00 y recibió el ticket 99. “Quiero reparar mi casa porque está toda cuarteada; en cualquier momento puede caerse”, contaba mientras desde una de las mesas llamaban al turno 74, cerca del mediodía.
Para la inscripción en el RUD, los damnificados deben entregar copias de cédula de sus familiares y responder un cuestionario. Juan Carlos Molina dice que siguió ese trámite hace un mes; ahora solo espera la autorización del Municipio de Portoviejo para empezar la reconstrucción de su vivienda, ubicada en el barrio Andrés de Vera, en un cerro detrás de la terminal terrestre de Portoviejo.
“Es nuestra esfuerzo de toda una vida, pero hay que derribar una parte y reparar el resto. Pero el trámite se ha estancado por muchos días en el Municipio”, cuenta Molina, quien ahora vive con su familia en Santa Clara, una zona rural.
El fin de semana pasado, la ministra de Desarrollo Urbano, María de los Ángeles Duarte, visitó Manabí. En Manta entregó 308 incentivos económicos. 224 fueron para reparación de vivienda recuperable, por USD 4 000; 73 para reconstrucción en terreno propio, por USD 10 000; y 11 para vivienda nueva en terrenos urbanizados por el Estado, de USD 10 000. También otorgó 112 incentivos en Muisne (Esmeraldas).
“La idea es reconstruir todo lo que se dañó durante el terremoto y las réplicas posteriores, menos lo que están en zonas de riesgo”, explicó Duarte.