La presidenta Dilma Rousseff durante su visita a Carondelet, el 26 de enero, con el presidente Rafael Correa. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Lo que sucede con el gigante sudamericano les interesa a todos, por su importancia económica, política y geográfica. La crisis política en Brasil, con la remoción temporal de la presidenta Dilma Rousseff, activó las alarmas en varios países de la tendencia de izquierda en la región. Y el llamado de Ecuador a consultas a su embajador en Brasilia, Horacio Sevilla, ha generado distintas interpretaciones.
El miércoles 18 de mayo, el canciller Guillaume Long se reunió con Sevilla, en Quito. Además, está prevista una cita con el presidente Rafael Correa. Según Long, solo se busca que el Embajador explique lo que sucede en el vecino país.
El excanciller Marcelo Fernández de Córdoba aclara que la figura de llamado a consultas es una práctica diplomática normal, a través de la cual el Presidente o Ministro de Relaciones Exteriores de un país recibe detalles de una determinada situación. Pero agrega que en esta época no es necesario ya que el avance de las comunicaciones brinda un canal directo e inmediato, como son las videollamadas.
Claro que, en este caso, coincide con el cambio de Gobierno en Brasil, ahora bajo el mandato interino del vicepresidente Michel Temer. Según Fernández de Córdoba, podría deberse a una decisión anterior de cambiar de sede a Sevilla. Y bajo las actuales circunstancias convendría poner a un nuevo embajador en Brasilia, “alguien más neutro”.
Para Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constitucionalista y especialista político, esa llamada es una mala señal, “una muestra de hostilidad hacia Brasil”, con el que deberíamos tener buenas relaciones dada su importancia regional y mundial.
Ecuador se sumó el 12 de este mes a las críticas de Venezuela, Cuba, El Salvador, Bolivia y Nicaragua contra lo que sucede en Brasil. El Gobierno emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación por los acontecimientos políticos” y su respaldo al gobierno de Rousseff.
El día anterior Long ya había tomado una posición. Desde Bogotá apeló a la estabilidad democrática, al respeto a la institucionalidad y constitucionalidad. A ojos del oficialismo se trata de un intento de golpe de Estado blando en contra de la presidenta Rousseff.
Para el asambleísta Diego Salgado, de Creo y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, el llamado a consultas es una demostración de que Long olvida que representa al Estado y no al movimiento oficialista. Además, dice que “hay temor de que la infraestructura ideológica se debilite” en la región.
Para Dora Aguirre, legisladora por Alianza País y vicepresidenta de la misma Comisión, sí tiene sentido. Sostiene que la decisión del Congreso brasileño es un atentado contra la democracia, para responder a demandas de los sectores de oposición radical. Y agrega que es preocupante que la derecha extrema se esté rearmando para tener el control económico y político.
Hernán Salgado ve lo contrario. Para él, todo el proceso se llevó legalmente y explica que al ser un juicio político es evidente que obedece a intereses de esa índole, caso contrario debería ser tratado en los juzgados. Advierte que llamarlo golpe de Estado sí evidencia un sesgo político.
La importancia de Brasil, por su tamaño geográfico, poblacional y económico, es determinante para la política regional. Por esto Fernández de Córdoba indica que el cambio de perfil de los presidentes en la región debilitará a Unasur y a la Alba. Y el socialismo del siglo XXI no tendría cabida.
Y menciona otra posible razón de la preocupación: las compañías brasileñas que han trabajado o trabajan en el país, como Odebrecht y Petrobras. Odebretcht está inmersa en las denuncias de corrupción que se están destapando y no se sabe si podrían tener eco acá.
Hernán Salgado y Diego Salgado coinciden en que, así como el Gobierno pide que se respete la soberanía nacional cuando otros países se pronuncian sobre los asuntos internos, también deben respetar la soberanía de Brasil.
El nuevo canciller brasileño, José Serra, advirtió que no dudará en subir el tono para responder las críticas al proceso que se lleva en su país.