Entrevista con Homero Arellano, ministro de Seguridad
El ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que el Gobierno destruyó la maquinaria de las minas en Esmeraldas para que un “juez corrupto” no las devolviera. Ahora ustedes justifican esa acción en las medidas cautelares del juez XXII de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández. ¿Criticar a los jueces y ampararse en sus órdenes no es contradictorio?
El pueblo ya se ha pronunciado sobre la desconfianza en los jueces. Es cierto que el Presidente, los ministros hemos dicho que así como hay jueces que cayeron en actos de corrupción hay quienes son héroes silenciosos.
¿El juez Hernández es un héroe silencioso?
A mí no me corresponde calificar, sino entregar información apropiada y decir que el trabajo de FF.AA. es profesional.
¿Frente a la excepción?
El Ministro de Defensa actuó en derecho, sobre una medida cautelar clara y bien trazada. Se frenó la minería ilegal que además es un crimen. A un asaltante se le retira el arma y estas (la maquinaria destruida) son armas para la destrucción y afectación a la vida, mutaciones, daños genéticos… La misión Manuela Espejo dice que estos cantones de Esmeraldas tienen la mayor incidencia de discapacidad. ¿Quién habla sobre la afectación a gente sencilla? Las críticas tienden más a una acción de fuerza legal y no se habla de la destrucción en toda esa zona.
La destrucción de la maquinaria ha generado críticas porque violaría tres garantías constitucionales: presunción de inocencia, propiedad privada y debido proceso. ¿Esto no es importante?
El debate está desorientando a la opinión pública. ¡Por favor medios de prensa, reconozcan cuando el Gobierno tiene mano firme para esos ilícitos! No dejen que los intereses de mafias sobre los temas de minería ilegal puedan más que el bien común.
Hay dos constitucionalistas que…
…Usted me hace la pregunta y no me deja dar la respuesta. Aquí hay dinero de dudosa procedencia. En buena hora que nuestra gente sencilla no es la dueña de la maquinaria, son los explotados.
Hay dueños de la maquinaria que dicen que solo la han alquilado sin ser parte de esas operaciones mineras…
Qué irresponsabilidad rentar una retroexcavadora para que se dañe la vida de la gente.
Esas responsabilidades deberán determinarse en el debido proceso y no en el marco de un estado de excepción…
Sería excelente que se presentaran ante la Justicia .
Ud. habla de mafias, de dinero de dudosa procedencia.
He dicho: hay que investigar.
¿De dónde sale ese dinero?
No lo voy a decir porque son actos de inteligencia. Todos saben que la gente de esa zona es pobre y no tiene USD 300 000 para comprar una retroexcavadora.
¿El estado de excepción también es para hacer frente a posibles grupos ilegales?
El estado de excepción exige garantías y facilita procesos. La minería ilegal tiene actividades conexas: lavado de dinero, eventuales fondos de dudosa procedencia. Hay porte ilegal de armas.
¿Y presencia irregular e ilegal de extranjeros?
Yo no le podría certificar.
¿Por qué, si están tan cerca de Colombia?
Usted lo está diciendo, yo no.
El Gobierno se habrá trazado ese escenario.
Todo estos son focos de inseguridad que no solo dañan el medioambiente y la salud. Propician el contrabando de armas. Vaya donde estaban operando las maquinarias… Había círculos de seguridad que no lo dejaban entrar.
¿Anillos de seguridad como los que usan las FARC?
Yo no podría decir si se asemejan o no. Estamos aquí para ejercer el legítimo y legal derecho del uso y el monopolio de la fuerza.
¿Cuando se pacifique esa zona van a concesionarla a la actividad minera privada?
No soy el Ministro del ramo, pero la idea es trabajar directamente con las comunidades.
¿Habrá más estados de excepción para movilizarse a otras provincias mineras?
Más allá de que yo anticipe algo que no conozco, este es un momento de reflexión: esta gente sencilla tiene que denunciar estas operaciones ilegales que generan daños genéticos por la contaminación. USD 1 500 ó 2 000 vale una onza de oro. Esto financia cualquier operación ilegal.
¿La forma en la que actuaron en Esmeraldas es para alertar a otros sectores?
No estamos atemorizando a nadie, pero sí creo que aquellos grupos que actúen bajo la ilegalidad les va a servir de reflexión.
¿Dictarán el estado de excepción en Zamora Ch. , si el prefecto Salvador Quishpe, que ha hablado de resistencia, genera una movilización social en contra de la minería a gran escala? Allí ganó el No.
Lo peor que se puede hacer es hablar sobre supuestos. La resistencia no da derecho a parar servicios generales, carreteras.
¿Solo procederán así para erradicar la minería ilegal?
La decisión del Gobierno es que esta minería ilegal termine.
¿Por qué recién denuncian este desastre en Esmeraldas?
Este tema es de décadas y no nace con nuestro Gobierno.
Pero están más de 4 años.
En estos años ha habido paciencia, persuasión, incautaciones. Llegamos al punto de poner un corte final al tema…
¿Mano dura?
Más que mano es mano legal, firme, no estamos dubitativos.
¿Lo de Esmeraldas es la misma política de mano dura que se vio en Dayuma y en Zamora Chinchipe?
¿Por qué se hacen comparaciones que no tiene nada que ver?
Es por la forma en la que proceden: mano dura…
Ojalá no desconfiguren esta entrevista. Están viendo que hay un acto ilícito que afecta a la gente. No sé a dónde va la comparación.
A que el Gobierno recurre a esas medidas extremas…
No tenemos más convicción que apoyar a la gente sencilla. Si esto no se frena, el cáncer sigue. En algún momento habría que hacer uso legal de la fuerza. Esto va a ser un momento de reflexión a otras áreas en donde se piensa que el Estado no puede aplicar estas medidas legales y legítimas.
HOJA DE VIDA
Homero Arellano
Su experiencia. Vicealmirante. Asumió el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, luego del 30-S. Colaboró con el vicepresidente Lenín Moreno en la misión Manuela Espejo.
Su punto de vista. Pide que la opinión pública no distraiga el debate sobre el desalojo a los mineros de Esmeraldas; la vida de la gente está en peligro.