Dos jueces han determinado el regreso de cerca de 200 ex trabajadores de Petroecuador involucrados en el caso Gaspetsa. Sin embargo, la petrolera no los ha reintegrado y ha impugnado esas decisiones.
Entre septiembre y noviembre del año pasado, la petrolera estatal abrió un proceso de vistos buenos contra 628 de sus empleados por un supuesto conflicto de intereses. Ello, debido a la presunta posesión de acciones en Gaspetsa, empresa que había firmado con Petrocomercial un contrato de abastecimiento de gasolina para pesca artesanal en el 2005.
Como resultado de la intervención de los inspectores de Trabajo, fueron separadas 553 personas.
De ellas, sin embargo, un grupo de 94 ex trabajadores de la Refinería de Esmeraldas presentaron ante el juez segundo de garantías Penales, Samuel González, medidas cautelares para ser reintegrados a sus puestos de trabajo. Su argumento fue que hubo vicios en los procesos de visto bueno.
Otro grupo de ex empleados de la petrolera estatal se sumó a la petición de medidas cautelares, llegando a un total de 148 personas.
González, sin embargo, previo a dar un pronunciamiento sobre la salida de los trabajadores, hizo una consulta a la Corte Constitucional respecto al tema. El organismo, no obstante, se tardó cerca de ocho meses en responder.
Tras la respuesta, el juez Pedro Heredia —quien reemplazó a González en el juzgado segundo de Garantías Penales— emitió una providencia con fecha 17 de junio. Ahí dispuso que el gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, proceda en 48 horas a “reintegrar a los trabajadores a sus puestos de trabajo y a reconocerles todos los derechos laborales (…) incluidas las remuneraciones desde octubre del 2010”.
Al no ser acogida la disposición, el 28 de junio pasado, el juzgado emitió otra providencia en la que advierte a Calvopiña con una multa de una remuneración mínima (USD 264) por cada día que no cumpla la disposición.
La falta de respuesta motivó una tercera comunicación en la que el juzgado ordenó el inicio de un proceso para destituir al Gerente de Petroecuador.
Una segunda providencia a favor de los ex trabajadores la emitió el juez vigésimo segundo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández.
En providencia del 4 de junio dispuso el regreso de 51 ex empleados de Quito vinculados al caso Gaspetsa y el pago se sus remuneraciones desde octubre del 2010. Ante ello, Petroecuador pidió la revocatoria de la providencia, argumentando que los ex empleados debían presentar su reclamo ante jueces laborales. Tampoco fueron reintegrados.
Más sobre el caso
Petroecuador no dio su versión sobre las providencias que determinan el retorno de cerca de 200 ex trabajadores.
Marco Calvopiña, gerente de la empresa, indicó en días pasados que la estatal se defenderá de las acciones judiciales en el caso. Los ex empleados piden que se cumplan las providencias.