Más de 300 estudiantes se manifestaron en Chilpacingo, capital de Guerrero dejando en claro que sus protestas no cesarán hasta que aparezcan los estudiantes. Foto: AFP.
Enfurecidos estudiantes mexicanos atacaron este sábado (8 de noviembre) la gobernación del estado de Guerrero (sur) y quemaron vehículos en la primera fuerte protesta desde que la fiscalía anuncio el viernes (7 de noviembre) que sus 43 compañeros desaparecidos fueron posiblemente masacrados.
Mientras los padres de los desaparecidos tratan de mantener las esperanzas y piden pruebas a la fiscalía, más de 300 compañeros se manifestaron en Chilpancingo, capital de Guerrero, para dejar claro que no cesarán sus protestas hasta que aparezcan los jóvenes.
Los manifestantes, la mayoría con rostros cubiertos con pañuelos, lanzaron piedras y cócteles molotov contra la sede gubernamental, que se encontraba cerrada. También incendiaron una decena de camionetas, incluida una de la policía federal, y destrozaron otros tantos sin que intervinieran las autoridades.
“Esto busca el mismo reclamo de siempre, la presentación con vida de los compañeros”, dijo a la AFP uno de los estudiantes encapuchados.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamaban los estudiantes antes de abordar los autobuses para regresar a la escuela de la cercana comunidad de Ayotzinapa, donde estudiban los desaparecidos y en la que sus familiares permanecen recluidos.
Estudiantes y maestros sindicalizados de Guerrero llevan a cabo hace semanas una campaña de protestas contra las autoridades en Guerrero. El mismo complejo gubernamental de Chilpancingo fue parcialmente incendiado el 13 de octubre.
México amaneció este sábado horrorizado por las atroces revelaciones del fiscal general, Jesús Murillo Karam, en una comparecencia de prensa.
Tras casi un mes y medio sin noticias claras sobre los jóvenes, el fiscal hizo pública la escalofriante declaración de tres sicarios del cártel Guerreros Unidos que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos por 14 horas para luego arrojar sus restos calcinados a un río.
Hasta ahora, la fiscalía no había reconstruido el final de la violenta noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), cuando policías locales atacaron a los estudiantes de Ayotzinapa por orden del alcalde, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa, hermana de narcotraficantes.
El crimen, calificado por Human Rights Watch como uno de los más graves de la historia reciente de América Latina, ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012, con masivas protestas por todo el país.
Para el historiador Lorenzo Meyer, ahora “lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad mexicana. ¿Va a seguir tan apática como por años lo fue?”.
Más de 80.000 personas han sido asesinadas en México y otras 22.000 han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006.
La gran mayoría de esos crímenes están impunes. Desde el exterior siguen llegando reclamos a México para esclarecer el crimen de Iguala, entre ellos de la ONU y Estados Unidos.
Este sábado la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en un comunicado envió condolencias a las familias y reclamó “castigo para los responsables”.