Los asambleístas retorna hoy, 19 de agosto, a sus actividades luego del segundo receso legislativo del año que arrancó el lunes 4 de agosto. Uno de los puntos que desde ya ronda las agendas del oficialismo y de la oposición es el de las 17 enmiendas constitucionales, cuyo paquete es analizado por la Corte Constitucional.
El oficialismo espera ese informe, que será vinculante, para empezar el tratamiento de las propuestas. El legislador Virgilio Hernández sostiene que el camino más viable para Alianza País sería que los 17 cambios sean aprobados mediante una enmienda. En este caso, sería el Pleno de la Asamblea Nacional el que deberá aprobar dichos textos. Para Hernández esto es viable por dos razones: Primero porque ellos como legisladores representan al conjunto de la ciudadanía. Segundo, porque en el caso de que la responsabilidad recaiga sobre el Pleno se realizará un debate “profundo” que incluirá la participación de sectores sociales. Según su calendario esperan que el primer debate se lo realice antes del fin de este año.
Sin embargo la opción de que las reformas pasen vía enmienda no es bien vista por la oposición para quienes la mayoría de Alianza País anularía la posibilidad de un debate. Legisladores como Luis Fernando Torres (Cambio) y Andrés Páez (Creo) consideran que el mejor camino para avalar los cambios sería a través de un referéndum, es decir consulta popular.
Para Páez, el oficialismo tiene miedo de repetir los resultados electorales del 23 de febrero y por ello recurrirán a la mayoría legislativa para modificar la Constitución. Sin embargo será con el dictamen de la jueza Wendy Molina que todo se aclarará. En este punto hoy terminó la fase de las intervenciones públicas y oficiales, después de diez días previstos para el caso.
El martes de la semana pasada el Pleno de la CC admitió el proyecto de enmiendas y sorteó a la jueza ponente. Una vez sorteada la jueza ponente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dice en el artículo 85: que en el término de diez días siguientes al sorteo, el órgano emisor de la disposición demandada o cualquier persona, podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas demandadas. Este plazo es reducido a la mitad, tal como lo indica la misma Ley en el caso de enmiendas o reformas a la Constitución.
Ninguna organización, ni persona se acercó al CC para intervenir ante el proyecto de enmiendas propuestas por el oficialismo.
Terminada esta parte del proceso la Ley de Garantías establece que la jueza ponente deberá recabar información para la resolución del proceso. Wendy Molina en rueda de prensa, la semana pasada, dijo que de acuerdo con la ley invitará a entidades públicas, expertos y demás personajes, para que se pronuncien ante el proyecto.
Para esto ella contará con 7 días, y después se prevé que se realice una audiencia pública, donde se estima la presencia de las partes involucradas.
Mae Montaño del Movimiento Creo, asegura que están expectantes a esta parte del proceso, para defender puntos sensibles del paquete, como la reelección indefinida, las restricciones a la consulta popular ciudadana, la acción de protección, entre otros puntos.
Trascendió que mañana por la noche el bloque de Alianza País tendrá una reunión donde se analizará el tema de los fondos, utilidades de las telefónicas y el Código Monetario.