Roxana Cazco
Corresponsal en Madrid
Geovanny Enríquez leyó en un periódico que no era bueno estar “inactivo” en su situación de desempleado. Por eso se levanta todos los días a las 05:00, corre desde las 06:00, visita los polígonos industriales por zonas –ha cubierto todo Madrid- y va al Instituto Nacional de Empleo, para averiguar si hay algo para él.
438 388 emigrantes
ecuatorianos residen legal- mente en España. 82 785 se
nacionalizaron
Este ecuatoriano, de 45 años, es una de las 300 000 personas que, según el Gobierno español se les acabó la prestación (subsidio) por desempleo -el ‘paro’- y siguen sin trabajo. Están indefensos.
Geovanny dejó de percibir este pago en febrero. Desde ese mes va de un comedor social a otro, hace unas horas en el bar de su hermana a cambio de comida, recupera los préstamos que hizo en época de bonanza y recibe de su pareja parte de la comida que le dan en la iglesia. En los polígonos busca una plaza de tornero fresador, su oficio en un subcontratista de Nissan, hasta que le despidieron.
“Es una situación preocupante”, dice Paloma López, secretaria de Empleo e Inmigración del Sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). “Los colchones de protección de estos inmigrantes son menores que los de los españoles, que acceden a más servicios sociales y prestaciones”.
Aunque no hay cifras oficiales de los extranjeros sin paro, López considera que es una tendencia importante que conlleva a otra situación vulnerable. “Estas personas están recurriendo a la economía sumergida. Y eso significa no tener contratos, ni derechos y ser explotados”.
Según el sindicato, unos 400 000 se han sumado a la economía sumergida desde la crisis y la mayoría son inmigrantes.
No es el caso de Geovanny, que ni siquiera ha podido encontrar un trabajo “en negro”, según cuenta. “No me compro ropa desde hace un año, no como mariscos ni carne, del pollo compro lo más barato”, relata el compatriota, a quien la crisis ha cambiado la vida.
Según el Ministerio de Trabajo, hay 3 620 139 de desempleados en la Península. 358 053 son extranjeros y 49 440 ecuatorianos. Pero estas cifras no incluyen a esos miles que ya terminaron el tiempo del subsidio, ni a otros tantos que no pueden cobrarla.
El caso del quiteño Jorge Carrera pone en evidencia la deuda histórica que tiene el Estado con los empleados de hogar. No tienen derecho al paro pese a que cotizan como cualquier trabajador.
Jorge trabajó bajo esta modalidad durante 15 años. Un día se encontró en la calle, sin prestación y con una indemnización que no reflejaba sus años de trabajo. Maite de la Cruz, del Sector de Limpieza de la Unión General de Trabajadores (UGT), cuenta por miles los casos de empleados de hogar despedidos a raíz de la crisis sin la retribución debida (siete días de salario por año). “Esto pasa porque un inspector de trabajo sí puede entrar a una empresa, pero no a una casa. Esa privacidad permite arbitrariedades”, denuncia.
No hay testigos ni contratos escritos y, en muchos casos, ni afiliación a la seguridad social. Con ese panorama resulta difícil que el trabajador gane un juicio.
Sin paro y sin empleo, el quiteño vive con pocos ahorros. Quiere ser camarero, albañil o “lo que sea”, pero sus 47 años es para las empresas un obstáculo. En el mercado donde compraba para su ex jefe, los amigos le regalan comida. “Estoy tocando fondo, evalúo hacer algo que nunca pensé a corto plazo: volver al Ecuador”.
A esta situación se suma un factor preocupante. Los sindicatos denuncian que por lo menos a 100 000 extranjeros se ha negado la renovación de permisos laborales, porque carecen de un contrato o no cobran la prestación de desempleo, requisitos para renovar.
Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que estudian medidas para que estos trabajadores “no caigan en la irregularidad”.
Pese a todo, Geovanny Enríquez es ejemplo de constancia. Estudia informática para ampliar su búsqueda laboral. Y Jorge Carrera es un emprendedor que intenta levantar una empresa y que dirige una liga de fútbol.