El viernes pasado no lo tenían claro. Unos asambleístas de Alianza País decían que no, que se esperará un rato; otros decían que sí. Lo que sí tenían claro es que no formaba parte del consenso al que llegaron en el taller que se realizó en la sede que el oficialismo tiene en Quito.
Solo 12 habían llegado a un acuerdo total entre la bancada de Alianza País.
Finalmente, y sin que se conociera de un segundo taller, mañana, jueves, la presidenta de la Asamblea Nacional presentará hasta la Corte Constitucional las propuestas de enmienda constitucional. Y entre ellas, el convertir la comunicación en un servicio público.
El texto de modificación del artículo 384 de la Carta Magna, se pretende incluir como primer inciso: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”.
Así, deja como segundo inciso, si se llegase a enmendar, el que dice: “el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, a la información y a la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”.
Algunos asambleístas del oficialismo han sostenido que no se elimina el carácter de derecho que tienen los ciudadanos; lo han comparado con la salud: puede haber servicios de salud privado pero es también un derecho que garantiza el Estado.