Redacción Judicial
El ex subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, dejó ayer el Centro de Detención Provisional (CDP), en Quito. Pero la investigación en su contra seguirá por supuesto intento de homicidio contra dos juristas.
Alfonso Puente, abogado de su esposa en un proceso de divorcio, y Luis Jaramillo, conjuez de la Corte Constitucional, denunciaron que el 27 de agosto pasado González y otros hombres los maniataron, golpearon y que quisieron asesinarlos.
Ellos pudieron escapar y presentaron una denuncia en contra del ex funcionario. Un día después fue detenido y su orden de prisión fue oficializada por el juez décimo quinto de Garantías Penales de Pichincha, Freddy San Martín.
Esa medida cautelar fue considerada injusta por González y presentó tres recursos judiciales para conseguir su liberación: apeló la orden de prisión, presentó un amparo de libertad y el cambio de la medida cautelar.
Ayer, la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Quito resolvió la apelación y dispuso la liberación de González. La providencia señala que la detención es reemplazada por la prohibición de salida del país y su presentación cada ocho días en el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales o en los tribunales penales de la capital.
Cerca de las 16:00 González obtuvo la boleta de excarcelación y salió del CDP. El ex funcionario del régimen de Lucio Gutiérrez sostuvo que es inocente y que la denuncia se debe a que los abogados querían chantajearlo para que entregue a su esposa USD 4 millones. El proceso penal continúa; la semana pasada se hizo la reconstrucción del presunto intento de asesinato.