Washington, DPA
Tres meses de crisis constitucional en Honduras amenazan con quebrar la al principio tan unánime resolución contra el régimen de facto de la Organización de Estados Americanos (OEA), que precisamente en el “aniversario” del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya mostró fisuras que podrían acabar poniendo en entredicho la postura unísona del hemisferio.
La prueba más evidente se dio durante toda la jornada de ayer en la sede de la OEA en Washington donde, convocados los embajadores a una sesión extraordinaria para debatir la decisión del gobierno de facto hondureño de declarar el estado de sitio, expulsar a funcionarios del organismo y no permitir la entrada de varios embajadores, entre otros, no lograron ponerse de acuerdo en una declaración condenatoria contundente.
Tras más de diez horas de deliberaciones sobre un texto que en un principio debería haber sido aprobado “en 15 minutos”, como criticó con creciente frustración el embajador alterno estadounidense en la OEA, Lewis Amselem, finalmente se sacó un descafeinado texto a nombre del presidente del Consejo Permanente, el chileno Pedro Oyarce, ante la imposibilidad de lograr el consenso de todos los participantes para suscribir de forma inequívoca una condena a las acciones de Tegucigalpa.
Es más, la tardanza en la toma de decisiones provocó que la declaración final surgiera cuando ya el gobierno de facto de Roberto Micheletti había anunciado que podría levantar las medidas restrictivas y que invitaba a los cancilleres de la OEA a una nueva visita la semana pasada.
“Estamos quedando cada vez más como tontos e impotentes y no creo que ninguna dosis de viagra vaya a cambiar esto”, advirtió un Amselem sin pelos en la lengua durante las discusiones. Por una vez, su par venezolano, Roy Chaderton, coincidía.
La OEA “reacciona con la lentitud y con la placidez que sucede a la siesta después del desayuno dominical”, sostuvo ante sus colegas hemisféricos.
Mas pese a que contrasta fuertemente con la veloz respuesta dada a Honduras a comienzos de la crisis, la “lentitud” mostrada el lunes en la OEA no es la única cuestión chocante.
Más preocupante, si cabe, son los atisbos de fuerte disenso en cuanto a la estrategia a seguir ante una crisis que a su comienzo prácticamente nadie pensaba que podría prolongarse tanto.
Contra toda expectativa, el gobierno de facto ha logrado resistir tres meses a la condena unánime de la OEA y de toda la comunidad internacional, al aislamiento diplomático, a las sanciones políticas y económicas y, más aún, parece seguir dispuesto a continuar su apuesta con la esperanza de que las elecciones de noviembre “limpien” toda la imagen del país en los últimos tiempos.
Y quizás no ande tan desencaminado. Si bien la OEA dejó claro en un principio que la resolución de la crisis pasaba por la restitución del derrocado presidente Manuel Zelaya en el poder, la víspera fueron casi media docena los países que se negaron a que en la nueva declaración del organismo se fijara blanco sobre negro una posición predeterminada del hemisferio de cara al reconocimiento o no de los resultados electorales.
Además, el embajador brasileño, Ruy Casaes, reclamó un puñetazo en la mesa de una OEA que diga claramente “basta” al gobierno de Tegucigalpa, que no tuvo gran resonancia. La gran duda: qué más puede hacer la OEA.
Su secretario general, José Miguel Insulza, defiende que el organismo hemisférico es el único “competente” para resolver este conflicto mientras la crisis hondureña no suponga una amenaza para la seguridad regional, algo que, sostuvo, no ha sucedido hasta el momento. Pero la única herramienta de que dispone aún una OEA que ya ha aplicado su sanción más dura posible -la suspensión del país- es el diálogo.
El problema: que esa es la estrategia que lleva meses tratando de impulsar, encontrándose, hasta el momento, con oídos sordos.