Humberto Zambrano Zúñiga
El proyecto de Ley de Comunicación que -por mandato constitucional- la Asamblea deberá aprobar, ha sido debatido amplia, profusa y democráticamente como ningún otro proyecto de ley lo ha sido en los últimos tiempos.
Editoriales y artículos, opiniones y comentarios, reportajes y remitidos, en fin, han copado en exceso el espacio en periódicos y revistas, en canales y emisoras; en cierto casos, con el peligro de llegar al hastío y hostigamiento para lectores, televidentes y oyentes.
Muchas personas nos dedicamos, con santa paciencia, a ser espectadores por muchos meses de una exagerada difusión de determinados temas y subtemas atinentes a la libertad de expresión, que, según ciertas opiniones sesgadas e interesadas, estaría en peligro frente a un proyecto de ley que pretende poner orden y regular dentro del marco constitucional que garantiza una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa.
Asimismo, garantiza la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen objetiva y verazmente y emitan sus opiniones del mismo modo.
Nada está en peligro. Lo único que anhela la ciudadanía es que siempre, como dice la Constitución, se busque, reciba, intercambie, produzca y difunda información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa sobre los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Sí, responsabilidad posterior para quien no se ha ceñido a los parámetros constitucionales.