El Presidente propone el cambio del Art. 88 de la Ley de Participación Ciudadana, para que personas o grupos pidan cuentas a instituciones públicas y privadas que presten servicios al público. De este modo, los medios conformados por iniciativa privada tendrían que someterse al escrutinio de un organismo politizado. Por supuesto que los medios privados deben cumplir con las leyes; para su conformación se constituyen en empresas aprobadas en el marco jurídico.
En cuanto a su responsabilidad periodística y credibilidad, se someten al escrutinio público expresado en los niveles de sintonía y circulación…
El poder político controlando a los medios y ejerciendo facultades sancionadoras no es propio de una democracia abierta.